El estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos están inmersos en una pugna que puede redefinir los términos en la resolución de desacuerdos y disputas jurisdiccionales entre los estados y el poder central.
Aunque lejos del peligro de una potencial secesión, el estado del sur intenta instalar la vigencia de una interpretación constitucional que le concedería poder sobre las fronteras si considera que Washington abdica a su responsabilidad de custodiarlas, y escribe un nuevo renglón en la compleja dinámica entre la inmigración, la seguridad y los derechos humanos, en un escenario de división y polarización exarcerbada por la cercanía de la campaña presidencial de este año.
El gobernador Greg Abbott lanzó en 2021 un controvertido esfuerzo de seguridad fronteriza liderado por el estado, llamado “Operación Estrella Solitaria”.
Además de los ya habituales desplazamientos forzados de inmigrantes ilegales a otros estados en colectivo o avión, procedió con la instalación de una gran barrera de alambre de púas, que flota a lo largo del Río Grande, y le sumó patrullas fronterizas compuestas por miles de policías estatales y de la Guardia Nacional de Texas, para impedir el ingreso de inmigrantes por la frontera de más de 2000 kilómetros que comparte con México.
La cerca es la llama que prendió la controversia con el gobierno federal encabezado por Joe Biden, que ordenó desinstalarla.
A principios de este mes, la administración del demócrata recurrió a la Corte Suprema por la instalación del alambre de púas en la orilla norte del Río Grande en Eagle Pass.
Esto se produjo después de que el estado demandara a la administración nacional en octubre, alegando que agentes federales estaban “destruyendo propiedades estatales” al intentar removerla, y al impedir que los oficiales de la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública “aseguraran” la frontera.
Un juez federal falló a favor de la administración Biden, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito decidió posteriormente que el juez malinterpretó una ley que explica por qué se puede demandar al gobierno federal.
“El gobernador Abbott anunció que no estaba ‘pidiendo permiso’ para la Operación Estrella Solitaria, el programa antiinmigración bajo el cual Texas construyó la barrera flotante”, escribió el magistrado que falló en contra en su sentencia.
“Desafortunadamente para Texas, el permiso es exactamente lo que exige la ley federal antes de instalar obstrucciones en las aguas navegables del país”, decretaba.
El lunes pasado, la Corte Suprema se puso del lado del Presidente y permitió a los agentes federales cortar partes del alambrado si lo consideran necesario.
Esta decisión supone una victoria política para Biden, que apelaba a la cláusula suprema de la Constitución, que consagra que las leyes federales están por encima de las estatales.
La respuesta de Abbot desde Austin no se hizo esperar: se negó a obedecer el fallo y multiplicó la presencia de la Guardia Nacional texana en la frontera, a la vez que convocó a milicias de otros estados a “defenderla” del flujo de migrantes desde el sur.
El accionar de Abbot se para sobre una ley de su autoría y de firma reciente, que reclama para el estado la potestad de controlar las fronteras y su paso, en oposición a la noción de que las fronteras son fundamentalmente jurisdicción del gobierno federal.
Diferentes grupos, preocupados por varios aspectos de la iniciativa, se preparan para impugnarla en un tribunal federal.
Argumentan que el gobierno federal, no los estados individuales, tiene jurisdicción sobre los asuntos de inmigración.
Pero los republicanos tienen la esperanza de que, si la cuestión llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, la mayoría conservadora reconsiderará una decisión de 2012 que solidificó el control federal sobre la inmigración, de manera similar a la forma en que demolió el derecho al aborto en un fallo histórico el año pasado.
Sin embargo, los expertos en leyes de inmigración en Texas y en todo el país dicen que la inmigración es diferente del aborto, y que es improbable que el tribunal superior dictamine que los estados tengan derecho a regularla.
Abbot, una pieza clave en la campaña de Trump
Detrás del conflicto, está la sombra de la campaña por la presidencia.
Donald Trump, que ya arrasó en las dos primeras instancias de la interna republicana, se arrecia como ganador inevitable en noviembre, cuando reeditará su enfrentamiento contra Joe Biden, que irá en búsqueda de la reelección.
En el medio de la maraña de casos judiciales en su contra, el magnate y expresidente continúa haciendo pie subido a ejes como el rechazo a la inmigración.
En noviembre del año pasado, en una visita a una localidad cercana al límite con México, cosechó el respaldo del mandatario texano Greg Abbot.
Allí, Trump prometió que sus políticas de inmigración de línea dura en un segundo mandato presidencial harían el “trabajo mucho más fácil” a gobernadores como Abbot.
“Podrás concentrarte en otras cosas en Texas”, le dijo Trump al texano, mientras cada uno de ellos aparecía ante una multitud de unas 150 personas en un hangar del aeropuerto de Edinburg, Texas.
Abbott, un viejo aliado y “halcón” en materia de asuntos fronterizos, dijo que estaba orgulloso de respaldar al expresidente.
Este jueves, el expresidente se subió al ring y desde sus redes pidió a “todos los estados dispuestos” a desplegar miembros de la Guardia Nacional en la frontera con Texas en medio de la disputa entre el gobernador y Biden por las competencias del control fronterizo.
“Alentamos a todos los estados dispuestos a desplegar sus guardias en Texas para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de regreso al otro lado de la frontera. Todos los estadounidenses deben apoyar las medidas de sentido común adoptadas por las autoridades de Texas para proteger la seguridad y soberanías de Texas y del pueblo estadounidense”, señaló el líder republicano.
Y sostuvo que cuando era presidente el país tenía “la frontera más segura de la historia”, mientras que Biden “está ayudando e instigando una invasión masiva de millones de migrantes ilegales”.
“En lugar de luchar para proteger a nuestro país de este ataque, Biden, aunque parezca increíble, está luchando para atar las manos del gobernado para que la invasión continúa sin control”, sentenció, y respaldó la postura texana.
“Ante esta catástrofe de seguridad nacional, seguridad pública y salud pública, Texas ha invocado con razón la cláusula de invasión de la Constitución, y debe recibir pleno apoyo para repeler la invasión”, declaró en referencia a la decisión de Abbott de alegar el “derecho constitucional” del estado a “defenderse y protegerse”.