Felipe Vallese, delegado sindical y activista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue secuestrado el 23 de agosto de 1962 por efectivos de la Policía bonaerense en el barrio porteño de Flores, y como consecuencia de ese hecho, el joven obrero se convertía en el primer detenido desaparecido de la militancia peronista.
El 29 de marzo de 1962, el presidente Arturo Frondizi fue depuesto por un golpe militar orquestado como reacción al triunfo electoral que días antes había obtenido el candidato justicialista Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires.
Aunque José María Guido, presidente provisional del Senado, asumió nominalmente la jefatura del Estado, el poder real quedó en mano de los comandantes de las tres armas, quienes presionaron para declarar “en receso” al Congreso y las actividades de los partidos políticos.
Las Fuerzas Armadas restablecen el decreto 4161, promulgado por la autodenominada “Revolución Libertadora” en 1955 y que prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón y la utilización de los símbolos partidarios del justicialismo.
El 23 de agosto, pasadas de las 11 de la noche, Vallese es secuestrado en la calle Canalejas, cuando llegaba a la casa en la que alquilaba una pieza que compartía con su pareja, Elbia de la Peña, y su pequeño hijo de tres años, Felipe.
Se realizan varias presentaciones y denuncias, muchas de ellas a cargo de la CGT que tenía en la figura del dirigente de la UOM Augusto Timoteo Vandor a su principal referente.
Diez días después del operativo, y tras negar su realización, las autoridades de la Policía Bonaerense informan que las detenciones habían tenido lugar en la localidad de José Ingenieros, mas no se brindaba información sobre el paradero de Vallese, quien no volverá a aparecer con vida.
En 1965, los abogados Rodolfo Ortega Peña (años más tarde asesinado por la Triple A) y Eduardo Luis Duhalde (secretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo y fallecido en 2012) abordaron el caso en un libro titulado Felipe Vallese, proceso al sistema”.
En línea con lo investigado por Barraza, los autores aseguraron que el militante había muerto en una sesión de torturas dirigida por el oficial principal, quien al momento del crimen tenía 31 años.
Esas investigaciones sentaron las bases para una condena contra Fiorillo por privación ilegítima de la libertad, en 1971, pero sin el cuerpo de la víctima no pudo probarse el asesinato, y el represor recuperó la libertad tres años después.
Fuente: Télam