El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo descentralizado que fue creado durante el gobierno de Carlos Menem, mediante la Ley N.º 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997.
Desde el mes de marzo de 2005, por Decreto Presidencial Nº 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su habitual rueda de prensa que el Gobierno cerrará las puertas del organismo.
La decisión forma parte de las medidas del presidente Javier Milei de reformas a las políticas de Estado y desregulación de la economía. El cierre del organismo estaba contemplado en el artículo 348 del proyecto de ley Bases, en el que planteaba derogar la Ley N° 24.515, normativa por la cual se fundó el INADI.
“Nos gustaría que el INADI esté cerrado hoy”, dijo Manuel Adorni, aunque el vocero presidencial explicó que deberá ser gradual “por la burocracia estatal” y que “no tiene razón de ser que el argentino lo pague con sus impuestos”.
Además, se refirió a la dotación de empleados de la repartición, y a su presencia en distintos lugares del país.
Tan solo días atrás, el Gobierno nacional prorrogó por 180 días la intervención del Instituto, y, a su vez, designó a María de los Ángeles Quiroga como interventora.
La medida fue oficializada por medio del Decreto 167/2024, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Qué hace y por qué se lo cuestiona
De acuerdo a la misión con la que fue creado, las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico.
Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los mismos derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.
Para dar cumplimiento a los presupuestos enunciados en la creación del INADI, éste se organizó en diferentes áreas que desarrollan los programas y proyectos específicos que dan cuenta de los objetivos institucionales.
En 2005, se aprobó por decreto un Plan Nacional Contra la Discriminación, elaborado por sectores sociales, académicos y políticos, la Secretaría de Derechos Humanos y el Inadi.
La lucha contra la discriminación pasó entonces a ser política de Estado y también en su órbita se alimentaron discusiones en torno a leyes que incluso empezaron a superar lo que el propio plan contemplaba.
También, fue blanco de numerosas críticas, tanto por decisiones de los funcionarios que lo encabezaban, como el escándalo en torno de la contratación trucha de una empleada doméstica de la entonces titular Victoria Donda.
Además fue objeto de varios cuestionamientos de cariz ideológico, que planteaban interrogantes sobre los alcances de las decisiones del INADI o sobre los programas políticos que orientaban sus acciones y políticas públicas.
Algunas de estas críticas se enfocaban en caracterizaciones negativas de las resoluciones del organismo, respecto al señalamiento por parte del INADI de manifestaciones discriminatorias vertidas por diferentes personajes de la vida pública, quiénes, consideraban a estas resoluciones como difamatorias o incluso persecutorias.