El magistrado encontró evidencias de “acción coordinada entre privados y funcionarios para obtener y utilizar la documentación relativa al desmonte autorizado con el objeto de comercializar e intentar exportar una exorbitante cantidad de madera de ´palo santo´ proveniente de la tala clandestina”.
Las tareas en cuestión eran llevadas adelante por miembros de la comunidad de pueblos originarios, quienes en cambio recibían como pago alimentos.
Los empresarios gestionaron autorizaciones para desmontar casi tres mil hectáreas y destinarlas a cultivo y pasturas y exportar el producto del desmonte, pero esto no se hizo en los lugares aprobados, según documentaron fotografías satelitales e inspecciones in situ.
Para Casanello, se registró “actividad de tala y extracción de palo santo desarrollada en sitios no autorizados, con el fin de proceder a su posterior comercialización en el mercado exterior”.
Los procesados por violación de los deberes de funcionario público y contrabando agravado en grado de tentativa son los ex funcionarios Natalia Rangeon, directora de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta; Gustavo Paul, secretario de Ambiente de Salta, y Eduardo Alvarez, coordinador de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Nación
A los empresarios Jorge Pocovi, Cristian Gribaudo, Hugo Rolando Girón, Pablo Gabriel Isa, Claudio Domínguez, Elvio Ciganotto , Zhang Yanchao, Silvana Logiudice, Santiago Piceda, Jorge Luciano Rafart Corveto y Melisa Esperanza Piceda les imputaron el intento de contrabando agravado.
La causa se inició en marzo de 2014 a raíz de la denuncia del Programa de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta sobre supuestas “irregularidades en el aprovechamiento forestal de la especie ‘palo santo’” por parte de la empresa Tierra Vasca SA”.