La Cámara de Diputados de Paraguay convirtió en ley una modificación al Código Penal para endurecer las penas a las ocupaciones de tierras, iniciativa fuertemente respaldada por sectores ganaderos y agrícolas, y resistida por campesinos, comunidades indígenas y sin tierras, que protestaron hoy a las puertas del Congreso.
Fueron 49 votos a favor, mayormente del oficialismo colorado, los que dieron el visto bueno a la iniciativa que busca desalentar la ocupación de tierras, en un país con una fuerte concentración de la propiedad.
Hasta hoy, la ley pena con dos años de cárcel o multa a quienes, individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular, ingresen con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno y se instalen. La modificación del Código elevará esa pena.
En las afueras del Congreso, manifestantes tiraron piedras e incendiaron vehículos y los policías respondieron con disparos de balas de goma y el uso de carros hidrantes. El Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional del Paraguay publicó en la red Twitter un video que muestra a personas incendiando y golpeando un vehículo.
Tras estos incidentes, el comandante de la Policía Nacional, Luis Arias Navarro, firmó un alerta nacional de seguridad para que todas las dependencias de la fuerza del país estén preparadas para ser desplegadas, según el diario Última Hora.
Luego que la cámara baja aprobara la reforma penal, uno de los grupos de manifestantes, compuestos por indígenas, le dieron 48 horas al presidente Mario Abdo Benítez para que vete la ley, de lo contrario prometió movilizarse y sumar a otras organizaciones sociales para frenar la norma.
Una de las dirigentes indígenas en la protesta, Derlis López, pidió al mandatario que no “criminalice” a las personas que reclaman tierras en el país y destacó: “Nosotros no somos invasores, ellos son los invasores”, según replicó el diario ABC Color.
La nueva ley -que aún debe ser promulgada por el Ejecutivo- eleva hasta a 10 años de cárcel la pena para quienes tomen tierras y veta la chance de las llamadas “medidas alternativas”, por lo que las condenas deberán ser de cumplimiento efectivo.
Antes de iniciarse la sesión en la cámara baja, campesinos e indígenas se movilizaron contra el proyecto de ley que criminaliza las tomas y bloquearon el tránsito.
Los enfrentamientos comenzaron, aparentemente, cuando un grupo de manifestantes intentó derribar la barrera de seguridad que protegía al Palacio Legislativo, según reportó Última Hora.
Durante el choque, los manifestantes atacaron a los uniformados con flechas caseras de punta de acero, piedras, palos y otros elementos contundentes, y tres vehículos y una moto policial resultaron incendiados y otros fueron dañados, denunció el comisario Éver Caballero.
En la sesión, la oposición pidió postergar la discusión por dos semanas, pero la propuesta no avanzó, por lo que legisladores de Encuentro Nacional y de dos sectores del Partido Liberal Radical Auténtico dejaron el recinto.
El liberal Pastor Vera Bejarano advirtió que el proyecto es “populista e hipócrita” porque con el aumento de penas no se disminuye la anuencia de los diferentes hechos punibles “ni se resuelven los problemas de fondo”.
Por su parte, el oficialista Basilio Núñez -alineado con el expresidente Horacio Cartes- reiteró que la propiedad privada es inviolable y cuestionó a la oposición por “priorizar cuestiones electorales y buscar confundir a la ciudadanía”.
“Las invasiones son en la región oriental y el 50% de esas invasiones son en áreas urbanas. Los indígenas que se movilizan en Asunción son manipulados por sectores de izquierda y por parlamentarios que comulgan con ideales socialistas. Es el momento de dar tranquilidad al campo”, remarcó.
El proyecto de ley había sido presentado casi como contracara de otra iniciativa que proponía justamente lo contrario: despenalizar la ocupación de tierras, una propuesta del senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), que nunca llegó a ser discutida.
Este texto votado es de ocho congresistas, entre ellos Fidel Zavala, un empresario ganadero, senador por Patria Querida, acusado de ocupar ilegalmente terrenos de un parque nacional.
Un estudio de la Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ) que investigó delitos durante la dictadura de Alfredo Stroessner concluyó que el 37% de las tierras arables del país habían sido entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.
El texto aprobado hoy fue rechazado por la Federación Nacional Campesina (FNC), la organización Tierraviva y la Coordinadora por los Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Para la FNC, la represión, los desalojos, el encarcelamiento y la persecución a las comunidades indígenas y campesinas “definitivamente no son el camino para lograr el desarrollo del Paraguay”.
La Codehupy había llamado a rechazar el proyecto que “profundizará la criminalización de campesinas/os” y exigido que se cumplieran “las recomendaciones de la CVJ sobre la investigación y recuperación de tierras malhabidas”, unas 8 millones de hectáreas cedidas a personas cercanas al stronissmo entre 1954 y 2003.
Tierraviva, en tanto, denunció que “más de 800 familias indígenas fueron violentamente desalojadas por la Fiscalía y Policía este año”, y alertó que el proyecto aprobado “no solo dejará estos atropellos impunes, sino que propiciará la prisión de las víctimas que reclaman sus tierras ancestrales”.