El Gobierno anunció la devaluación del dólar. Alfonso Prat Gay dijo que a partir de mañana no habrá restricciones para la compra de dólares y sugirió que la divisa norteamericana valdría “14 y pico, como lo marca del valor del dólar bolsa”. La medida implica una devaluación del 50% y una transferencia de ingresos a los sectores concentrados de la economía. El ministro informó además que el tope para la compra será de 2 millones al mes y, a diferencia de lo que se había especulado en los días previas, no será necesario demostrar ingresos para la compra. Consultado sobre un posible impacto en los precios, Prat Gay afirmó que “vamos con la estrategia del diálogo para evitar los abusos”. El fin de la regulación en el precio del dólar, sumado a la inminente quita de subsidios a los servicios, la apertura de las importaciones y la eliminación de las retenciones, redunda en un gran beneficio para los sectores exportadores, los medianos y grandes productores del agro y el sistema financiero, y un deterioro en el poder adquisitivo de los jubilados, los trabajadores, las PYME y todos los que tienen ingresos más o menos fijos en pesos.
Macri designó por decreto y en comisión a dos jueces de la Corte Suprema. Aunque en numerosas ocasiones se había manifestado en contra de la utilización de los decretos presidenciales y de la injerencia del poder ejecutivo en la Justicia, el Presidente atenta en sus primera medidas contra el republicanismo y la división de poderes. Ante el anuncio del nombramiento de los jueces, las críticas llegaron desde todos los sectores: juristas, periodistas, dirigentes del Frente Renovador, de la izquierda, de Progresistas, de Libres del Sur y de otros espacios políticos se manifestaron en contra de la medida. Entre los pocos que apoyaron la decisión del Presidente, el intendente de San Isidro Gustavo Posse dijo que “el Presidente electo tiene que estar representado en la Corte” y Luis Majul calificó de “audaz” el accionar de Macri. Más allá del polémico mecanismo de designación, Leopoldo Moreau declaró que el estudio de Rosenkrantz -uno de los dos nuevos jueces de la Corte- además de tener como clientes a Clarín, La Nación y la Rural, es sede de una organización civil que inició acciones contra la ley de medios.
Miles de personas se concentraron en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero los grandes medios omitieron por completo los hechos. Ante la creación del Ministerio de Comunicaciones que, en clara contradicción con la Ley de medios y la de Telecomunicaciones pone bajo su órbita a los organismos reguladores (AFSCA y AFTIC) hasta hoy autárquicos e independientes, la ciudadanía y distintos actores de los medios levantaron sus voces ante el atropello institucional. En las últimas semanas, la comunicación quedó en el centro del debate en torno a las prácticas políticas del nuevo Gobierno Nacional. El desprecio hacia 678 de funcionarios como el Senador Pinedo, respondido por una Plaza de Mayo colmada coreando el nombre del programa, constituye muestra cabal de las visiones encontradas sobre la comunicación en nuestro país. En la apertura de los Premios ETER, Eduardo Aliverti repudió las declaraciones del ministro Aguad (“la regulación de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno) y denunció el embate de las corporaciones mediáticas hacia la Ley de Servicios de Comunicación, normativa aprobada por amplia mayoría en el Senado Nacional y de cuya formulación participaron diversos sectores de la sociedad civil en una serie de 24 foros federales.