“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas”, dijo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer desayuno con periodistas en la capital.
“Significa que alguien les facilitó la entrada aquí”, agregó, y anticipó que hará una investigación a fondo sobre quiénes fueron los uniformados que facilitaron las acciones violentas a las tres sedes.
“Mucha gente de las Fuerzas Armadas conspiró aquí dentro. La verdad es que el palacio estaba lleno de bolsonaristas, de militares, y queremos ver si podemos corregir la situación para colocar funcionarios de carrera, de preferencia civiles, o que estaban antes aquí o que fueron suspendidos, para que esto se transforme en un gabinete civil”, dijo.
Remarcó que el expresidente Jair Bolsonaro sufre un “desequilibrio mental”. Y agregó: “Es un genocida que después de perder las elecciones se encerró en su casa y dejó de gobernar”.
Mientras tanto, Lula reforzó la seguridad ante alertas por nuevos ataques.
Todos los efectivos de seguridad pública están movilizados y se redobló la vigilancia en edificios públicos. El gobierno de Lula dispuso “barreras” y “puestos de control” en las cercanías de la jefatura de Estado.
El domingo, miles de simpatizantes del exmandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro invadieron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, sacudiendo la capital exactamente el día en que Lula cumplía una semana desde que regresó al poder para un tercer mandato.
Durante la violenta movilización los manifestantes saquearon oficinas y destruyeron invaluables obras de arte en su arremetida contra los edificios que albergan la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en reclamo de un golpe de Estado contra el gobierno de Lula, con apenas una semana de gestión.
Las autoridades investigan quién organizó y cómo se financiaron los manifestantes. Además detuvieron a más de 1.500 personas luego de unos actos vandálicos que recordaron a la invasión al Capitolio estadounidense en Washington el 6 de enero de 2021 por partidarios del entonces presidente Donald Trump.
Para el líder de izquierda, había “mucha gente” de la Policía Militar del Distrito Federal y de las Fuerzas Armadas que estaban “en connivencia” con los delincuentes.
Tras los ataques Lula firmó un decreto que determina la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal, medida que fue avalada luego por diputados y senadores.
En este contexto, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fue destituido de su cargo por 90 días.
Por otro lado, Lula dijo que “hay que hacer que los más ricos paguen más impuestos que los pobres”y apuntó contra el mercado: “No tiene corazón, no tiene sensibilidad, no tiene humanismo”.