El Gobierno impulsa el tratamiento en el Congreso de la llamada “ley Hojarasca”, que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario anunció el viernes pasado que el presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto que tiene por fin eliminar alrededor de 70 leyes consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”.

En X, el ministro dio precisiones sobre algunas de las normas a derogar.

Hojarasca 1/6: leyes que limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad que proponemos derogar.

Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país (buscaba acallar…

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 14, 2024

Entre las leyes que suprimirá el gobierno se destaca a la 18.832 de 1969, promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que “creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionar a la prensa escrita.

Asimismo, propone eliminar la ley 14.034 del gobierno de Juan Domingo Perón que impone penas para los argentinos que “por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”.

La ley Hojarasca también propone eliminar la ley 20.120 del gobierno de Alejandro Lanusse que “habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos” y se derogar la 19.787 de 1972 que “restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios”.

Además, impulsa la supresión de dos leyes del gobierno de María Estela Martínez de Perón: la ley 20.802 que “impide la libre circulación por el país”, la ley 20.959 que “deroga el permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país” y la ley 20.983 que “obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado en forma compulsiva”.

También se propone la eliminación de dos leyes del gobierno de facto de Reynaldo Bignone. Por un lado, la ley 22.875 que “permite al Estado exigirle a empresas privadas la relocalización de sus actividades productivas” y la norma 22.964 de 1983, que “habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra”.