En vistas a la aprobación del dictamen, los bloques legislativos negocian ya las condiciones para el debate del proyecto de ley en el recinto, tentativamente programado para el 10 de diciembre.
La segunda ronda de expositores no estuvo exenta de tensión, y en distintos momentos, las autoridades del plenario debieron llamar la atención sobre el uso de calificativos por parte de los expositores que se alejaban de lo convenido para este tipo de reuniones. Tras una de las ponencias, la diputada Mara Brawer pidió la palabra para denunciar los insultos y agresiones en redes sociales de una de las intervinientes celestes contra algunos de los expositores a favor del proyecto que habían tomado parte en el primer día de debates.
Exposiciones a favor del proyecto:
Mariana Romero, investigadora del CONICET
La directora ejecutiva e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), afirmó que “regular la IVE nos va a permitir que se fortalezca la estandarización de servicios, promoviendo practicas seguras y de calidad, acorde a los últimos avances del conocimiento científico”. De acuerdo a la expositora, la legalización posibilitaría al Estado “contar con información confiable y oportuna que nos permita evaluar y tomar decisiones para hacer los ajustes necesarios que las políticas publicas en salud requieren”.
Patricia Rosemberg, directora de la Especialización en Gestión en Salud de la Universidad Nacional de Lanús
“Estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida y salud y tomar decisiones con la libertad de todas las opciones, por eso me parece importante que esta ley de IVE venga con el marco de la Ley de los 1000 días”, sostuvo. Desde su óptica como trabajadora de la salud, afirmó que “necesitamos la Interrupción Voluntaria del Embarazo para poder reformular nuestras prácticas médicas. Queremos formarnos y poder sacarnos el peso de cuál es el causal, completó la ex directora de la Maternidad Estela de Carlotto.
Mariela Bielski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Argentina
“El derecho al aborto es un imperativo de justicia social, justicia reproductiva y derechos humanos”, consideró la abogada. “Ningún órgano internacional o regional de derechos humanos ha declarado que el aborto sea incompatible con los derechos humanos. Ninguno ha reconocido al feto como sujeto de protección en virtud del derecho a la vida u otras disposiciones”, continuó, antes de detallar el plexo normativo internacional que obliga a nuestro país a hacer lugar al derecho a decidir.
Lucy Grimalt, responsable del programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Entre Ríos
“Esto es lo que van a legislar. Un futuro donde la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar, esté garantizado. Van a legislar para que la salud reproductiva y no reproductiva, sea por fin una realidad y no una utopía”, se dirigió la paranaense a los diputados. Se refirió al “proceso lento y largo” por el cual el sistema de salud de Entre Ríos “fue tomando conciencia de que la interrupción del embarazo por causales es legal desde 1921”. Dijo al respecto que fue “imprescindible primero la lucha organizada de las mujeres para instalar en la agenda púbica el reclamo de respetar sus derechos sexuales y reproductivos”.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch
“La criminalización del aborto empuja a que los abortos ocurran fuera del sistema de salud y clandestinamente, e impide la atención postaborto por miedo a la persecución penal”, afirmó. Y sostuvo que uno de los objetivos centrales de cualquier democracia es “garantizar los derechos básicos, y el régimen de causales no los garantiza, por eso lo que corresponde es legalizar el aborto.”
Soledad Bustos, subsecretaria de atención primaria de Quilmes
“En pandemia incrementamos el acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Pero eso no puede ser un privilegio de algunos municipios”, dijo la funcionaria. Y relató que en su distrito “fuimos testigos de las crecientes demandas de interrupciones legales de embarazos y tuvimos la necesidad de hacer tremendos esfuerzos para poder responder”.
Edith Martearena, referente de la comunidad guaraní de Tartagal.
“Esta ley nos pone a las mujeres de los sectores populares en igualdad, nos permite acceder a abortos seguros sin secuelas ni riesgo de morir. Por eso, exigimos ESI para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” sentenció la expositora, que se presentó ante la comisión como “marrona y originaria”.
Vanina Biassi, dirigente de APUBA
“El estado capitalista es profundamente abortista”, consideró. “Resulta insólito que los que apoyan los planes del FMI en argentina vengan a este recinto a acusarnos a las que luchamos por el aborto de complotarnos con ese organismo”, dijo, en relación a la exposición del obispo Carrara, ayer; y del sacerdote Pepe Di Paola, el primer día de debates. “Con la extensión de la violencia de género, muchas se ven obligadas a abortar amenazadas por la violencia que el Estado no combate”, cerró.
Luis Ernesto Pedernera Reyna, Comité de Derechos del Niño de la ONU
“Desde el comité de los derechos del niño se ha reiterado en el 2010 y en el 2018 la necesidad de avanzar en políticas de Interrupción Voluntaria del Embarazo y despenalización del aborto que, hasta ahora, el Estado argentino no ha atendido”, comenzó. “Son terribles los testimonios de niñas violadas que fueron obligadas a parir. Lo que más preocupa son las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a tiempo”, relató. Además, buscó aclarar un argumento frecuente de los celestes: “para la convención de los derechos del niño, ‘niño’ es toda persona o ser humano menor de 18 años. Para nada ingresa el momento de la concepción”.
Marina Femenía, abogada
“Mi postura gira en torno a la reivindicación de la vida, pero una vida libre, auténticamente asumida, una trayectoria vital donde el Estado no nos confine a la biología, donde la maternidad sea producto de un deseo autónomo e individual”, explicó la mendocina. “Este no es un problema religioso o moral y esto tiene que quedar en claro, esto es una problemática de salud publica”, cerró.
Exposiciones en contra del proyecto:
Laura Vargas, investigadora del CONICET
La médica sostuvo que “el embrión humano no es un fenómeno, sino un nuevo ser humano en desarrollo, un nuevo individuo de la especie humana en su primera etapa de vida”. Propuso que opina que a las mujeres embarazadas que quieran abortar “hay que hacerles escuchar los latidos del corazón para que tomen conciencia.”
Marcelo Riera, exministro de Salud de San Luis
El profesor mostró diapositivas sobre el desarrollo embrionario y expresó su opinión en contra del proyecto, al considerar que “los conocimientos científicos sobre el neo-concebido en su primera fase de existencia unicelular nos permiten tener la certeza de que se trata de un nuevo ser humano, diverso y distinto de sus padres”.
Florencia Álvarez Travieso, referente de “Peronistas por la Vida”
“Somos mayoría”, dijo la politóloga en referencia a los detractores del proyecto IVE. De acuerdo a la expositora, sancionar la ley implicaría caer “en las garras de los mercaderes”. “Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo. Suturar grietas es evitando los abortos. La mayoría de los compañeros peronistas no apoyamos la legalización del aborto”, dijo, antes de cerrar exclamando que “Perón es vida”.
Alfredo Vitolo, abogado
El profesor de la Universidad Austral afirmó que “se ha instalado que el derecho al aborto es una exigencia del derecho internacional”. Sostuvo que se trata de un error “por qué ningún tratado lo reconoce explícitamente”, dijo y explicó: “para nuestra Constitución hay niño desde la concepción.”
Inés Franck, abogada
La profesora de la UCA advirtió que durante el debate “se mencionaron muchas razones por las cuales se debería respetar la vida humana desde el primer momento. Esas razones siguen vigentes; no han cambiado, porque no se ha modificado el hecho de que estamos ante dos vidas que debemos proteger.” Además, cuestionó el Plan de los 1.000 Días: “¿de verdad tenemos que creer en la voluntad política de sancionar este proyecto ? ¿O todas las fichas están puestas en la legalización del aborto?”, se interrogó.
Roberto Votta, médico
El titular del servicio de Obstetricia del Hospital Cosme Algerich, expresó: “El aborto no es la solución, deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual. Los médicos obstetras hace mucho tiempo que hablamos del feto como persona, como un segundo paciente, y como persona tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida”.
Analía Pastore, abogada
La profesora de la UCA afirmó que “los proyectos de ley en estudio no legalizan ni despenalizan el aborto, sino que lo legitiman”. Señaló que de aprobarse la ley, “se generaría evidente conflicto de intereses entre la madre y el niño por nacer”. Además, afirmó que en virtud del Plan de los 1000 Días, las mujeres “podrían pedir el subsidio de la ley hasta la semana 12” del embarazo y luego “ejercer el derecho absoluto a abortar a las 13 y seguir cobrando el plan los meses siguientes.”
Guadalupe Batallán, militante de Fundación Libre
La joven de 22 años se presentó como “egresada el Colegio Nacional de Buenos Aires” y afirmó pertenecer “a una generación a la cual nos han remarcado el valor de la mujer que no se calla ante las injusticias.” Durante su ponencia, relató ser hija de una mujer “obligada a abortar y que supo decir que no”. Durante su exposición alentó teorías conspirativas sobre “IPPF, la red de clínicas proveedoras de abortos más grande del mundo. Estos expositores no han dicho que sus auspiciantes tienen denuncias por encubrir trata, prostitución forzada de menores de edad, casos de pedofilia, casos de tráfico de tejido fetal proveniente de órganos”, aventuró.
Ana Belén Mármora, abogada
Para la asesora legislativa, el proyecto “busca crear un falso derecho al aborto, es decir, un descarte selectivo de seres humanos”. “El aborto es algo que ninguna de nosotras quiere pasar”, sostuvo, y finalizó vinculando la práctica con el femicidio de Chiara Páez.
Jorge Sennewald, pastor evangélico
Según el directivo de Aciera, la iniciatuva del ejecutivo es “inoportuna” y un “atropello”. “Veo un proyecto que no armoniza con nuestro Código Civil, con nuestra Constitución ni con los tratados internacionales que son pro-vida. Nadie puede refutar que el aborto siempre es la interrupción de una vida”, sostuvo. “Pidamos a dios que tenga compasión de nuestra sociedad”, terminó.
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