El video grabado por supuestos narcos encapuchados y difundido por altos funcionarios del gobierno nacional amenazando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a ciudadanos de Rosario y Buenos Aires, enfrenta al país al horror que están viviendo otras naciones latinoamericanas que sufren enormes índices de violencia producto de la actividad de los cárteles del narcotráfico.
En ese contexto, desde la administración de Javier Milei redoblarán los esfuerzos para que el Senado sancione la ley antimafia que incluirán en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.
El proyecto intenta abordar de manera integral el crimen organizado con cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, y establece que aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita”, por su mera pertenencia a una organización delictiva, será reprimido “con reclusión o prisión de 8 a 20 años”.
Según voces oficiales, se pretende frenar un horror que tiene su epicentro en México, donde se formaron los primeros grandes grupos internacionales del narcotráfico a finales de la década del ’80, y que Argentina no ha logrado frenar del todo, aunque sus índices de asesinatos y violencia callejera no sean comparables con los de México, países de Centro América, Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay o Bolivia, que viven una pesadilla permanente.
Un informe del sitio especializado Insihgtcrime.org indica que fueron claves para que no se asentaran poderosas pandillas del narco brasileñas en el país, el control de las cárceles y cierta preocupación por no perder el control de las calles. Pero el principal problema nacional continúa siendo, la corrupción.
Los expertos en crimen organizado indican que “a pesar del prominente papel de Argentina como centro de lavado de dinero y punto de tránsito y consumo de drogas, el país no padece los altos niveles de violencia que afectan a otros países latinoamericanos. Aun así, la corrupción profundamente arraigada en varias ramas del Gobierno ha fomentado la criminalidad de manera persistente en el segundo país más grande de Suramérica”.
En este marco, el Gobierno analiza acelerar los cambios en el decreto reglamentario 727/2006 de la Ley de Defensa Nacional para permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Gendarmería en la frontera ante amenazas narcoterroristas.
Una vez más, sobrevuela el problema de la corrupción hacia el interior de las instituciones como el gran mal que puede provocar el mega millonario negocio del narcotráfico. La posibilidad de quebrar voluntades dentro de las Fuerzas Armadas es el mayor temor existente por estas horas.