Haití y República Dominicana comparten la isla La Española y una frontera de 390 kilómetros. Desde hace unos días, a raíz de un conflicto por el agua de un río que divide los límites de ambas naciones, el presidente dominicano Luis Abinader ordenó bloquear la circulación terrestre así como las conexiones aéreas y marítimas.
La tensión, en gran medida, está generada en la crisis política que atraviesa Haití, provocada por el accionar de grupos criminales que el débil gobierno de Puerto Príncipe no puede controlar.
Esta situación empuja a miles de haitianos a huir de la violencia y el hambre cruzando a República Dominicana, donde si tienen la suerte de no ser deportados nuevamente a su país, intentan al menos comer tres veces por día realizando tareas laborales en la industria láctea, actividades agrícolas o en la construcción.
Para frenar esta migración, el gobierno dominicano está levantando un muro en la frontera, que decidió llamar verja perimetral inteligente, que no es más que una combinación de hormigón armado con estructuras metálicas.
Para justificar esta obra que impide la circulación libre de personas en la frontera, el presidente Abinader dijo que República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica que afecta a Haití y mucho menos intentar resolver sus problemas.
Pero más allá de este muro, el cierre de la frontera está vinculado al río Masacre, un curso de agua compartido con una extensión de 55 kilómetros de longitud que demarca los limites territoriales desde finales del siglo dieciocho.
Hace varios años, Haití inició la construcción de un canal de riego para combatir la sequía en las tierras agrícolas. Esa obra se suspendió oficialmente en julio de 2021 cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moise pero retomada en forma privada por agricultores.
El gobierno dominicano sostiene que los trabajos cambian el curso del agua y amenazan la soberanía y la seguridad de su país. El diálogo bilateral está cerrado. Puerto Príncipe defiende los canales de riego por la soberanía que ejerce sobre sus recursos naturales y advierte que tomará las medidas necesarias para brindarle seguridad al pueblo haitiano.
El gobierno dominicano alistó al ejército, fuerza aérea y armada para garantizar el cierre total de las fronteras. El bloqueo fronterizo puede convertirse en un golpe letal para la débil y postergada Haití.
Según un informe de Naciones Unidas casi la mitad de la población corre riesgo de morir de hambre. Más del 25% de las importaciones oficiales de Puerto Príncipe vienen de República Dominicana, al tiempo que gran parte de mercancías y alimentos ingresan por la frontera en forma ilegal.
Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos como Daniel Foote, ex enviado a Haití, considera que este conflicto será demoledor para las personas que sobreviven a duras penas en Puerto Principe. Por el lado de Santo Domingo el impacto se va a sentir en la venta de productos a su vecino y en la falta de mano de obra para diferentes industrias locales.