El estado de emergencia de 72 horas declarado el 4 de marzo para la captura de presos fugados fue prorrogado por un mes con el decreto publicado tras el Consejo de Ministros, con el fin de “restablecer” el orden público.
La policía, que toma amplias medidas de seguridad en las calles de la capital, Puerto Príncipe, está llevando a cabo redadas en los lugares donde están afiliados los pandilleros fugitivos. Debido a los enfrentamientos, se escucharon disparos desde muchos puntos de la ciudad.
La acción violenta dejó más de una docena de muertes y permitió la fuga de más de 3 mil reclusos. Los autores del asalto, pidieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El gobierno respondió decretando el estado de emergencia e impuso un toque de queda nocturno.
Como antesala de los ataques a las cárceles, los grupos armados habían tomado comisarías y asesinado a varios policías. Un dato que explica la espiral violenta, es la unión de pandillas históricamente rivales para destituir al gobierno. Un grupo armado intentó incluso tomar el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, y aunque fueron repelidos por policías y soldados, el ataque provocó la suspensión de todos los vuelos, incluido el que traía de regreso al país al primer ministro, quien debió aterrizar en Puerto Rico.
Haití es el país más pobre de América. Desde hace décadas enfrenta crisis políticas, económicas, de salud y seguridad, que se intensificaron tras el asesinato del presidente Moïse, cuya muerte provocó un vacío de poder ocupado por organizaciones criminales.
Se estima que controlan el 80 % de la capital, Puerto Príncipe. Desde el magnicidio, el país está gobernado por el cada vez más débil e impopular primer ministro Ariel Henry, y las pandillas advierten que están en condiciones operativas de doblegar a las fuerzas de seguridad estatales.
Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue” lidera uno de los grupos con mayor poder de fuego en Haití, y desde que asumió Henry, se propuso desestabilizarlo. La acción armada contra las cárceles coincidió con la llegada del primer ministro a Nairobi para firmar un acuerdo sobre el despliegue de una fuerza multinacional encabezada por Kenia que lo ayude a combatir la violencia de las pandillas. Una iniciativa que encuentra resistencia tanto en Haití como el país africano.
Durante la ausencia del primer ministro, “Barbecue” lanzó una temeraria advertencia: si Ariel Henry no renuncia, el país se encamina a un genocidio y una guerra civil. En este contexto, Ariel Henry se comprometió a convocar elecciones presidenciales para el 31 de octubre del 2025. Pero este anuncio, lejos de apaciguar, aceleró la escalada violenta. En Haití no hay elecciones parlamentarias ni generales desde 2019.
Ante esta situación la Comunidad del Caribe intenta abrir un diálogo con las partes en Haití, en tanto la ONU y su Consejo de Seguridad siguen muy de cerca el conflicto. El Secretario General Antonio Guterres pidió a los países miembros una acción urgente para desplegar una fuerza internacional y reclamó ayuda financiera para la presencia de efectivos policiales de Kenia. Por su parte, República Dominicana, que comparte la isla con Haití, reforzó la militarización de su frontera.
Mientras esto ocurre, siguen produciéndose tiroteos, incendios, enfrentamientos y secuestros. Según la ONU, 15 mil haitianos ya abandonaron sus hogares desde que se iniciaron las acciones armadas. Sin una intervención internacional, el futuro de la castigada Haití es incierto, ya que sus fuerzas regulares parecen incapaces de confrontar a los rebeldes. Mientras, el hambre, la falta de alimentos, combustibles y el terror se imponen nuevamente a los más de 11 millones de haitianos que ven abrirse, una vez más, el abismo de la anarquía.