Haití vive un estado de rebelión popular, disgregación estatal e incertidumbre. Todos, hasta el presidente, que resiste como puede en su cargo, hablan de un «cambio radical», mientras las elites políticas y económicas siguen desangrando el país. Entre tanto, el desacreditado Jovenel Moïse se mantiene en el poder con apoyo de Estados Unidos.
La disputa sobre el final del mandato es consecuencia de la primera elección de Moise. En octubre de 2015 fue electo para un mandato de cinco años en comicios cuyo escrutinio fue cancelado por fraudes y luego volvió a ser elegido un año después. Tras esa última elección, las manifestaciones exigiendo su dimisión se intensificaron en el verano boreal de 2018.
Ese año debían realizarse elecciones legislativas y municipales pero fueron aplazadas y generaron un vacío de poder. Moise sostiene estar habilitado para seguir en el cargo por otro año.
En los últimos años, la sociedad civil ha hecho campaña contra la corrupción y la inseguridad, con la proliferación de pandillas en todo el país.
En una carta difundida el viernes diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles criticaron a la misión de Naciones Unidas en Haití por brindar apoyo técnico y logístico a los planes del presidente de celebrar un referéndum de reforma constitucional en abril y luego elecciones presidenciales y legislativas.
El Consejo superior judicial de Haití dio cuenta del fin del mandato de Moise, al declararse “extremadamente preocupado por las graves amenazas resultantes de la falta de un acuerdo político ante la expiración del mandato constitucional del presidente” el 7 de febrero de 2021, según una resolución divulgada el domingo. El mandatario, no obstante, desconoce el fallo.
El presidente gobierna sin el control del poder legislativo desde el año pasado y dice que se mantendrá en el cargo hasta el 7 de febrero de 2022, en una interpretación de la Constitución rechazada por la oposición, que ha desatado protestas por considerar que su mandato terminó el domingo pasado.
Estados Unidos aceptó el viernes la posición de Moise. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Prince, dijo que Washington ha pedido “elecciones legislativas libres y justas para que el Congreso pueda retomar el poder que le corresponde”.
En tanto, Jovenel Moise nombró este viernes a tres nuevos jueces de la Corte de Casación para sustituir a los tres magistrados que cesó el pasado lunes tras acusarlos de participar en un golpe de Estado.
El nuevo decreto aparentemente no se ajusta a las reglas establecidas por la Constitución para la elección de los magistrados del alto tribunal, del mismo modo que la orden ejecutiva con la que mandó a retiro a los otros jueces.
La Ley fundamental reserva al Senado la prerrogativa de presentar una terna de tres candidatos a integrar la Corte de Casación, entre los que el presidente debe elegir a un único magistrado.
Los tres nuevos magistrados nombrados por Moise son Octélus Dorvilien, Louiselmé Joseph y Pierre Harry Alexis.
Actualmente, el Senado está prácticamente clausurado y solo un tercio de sus 30 miembros conservan su mandato, ya que el Parlamento no se renovó a tiempo debido al aplazamiento de las elecciones previstas para 2019.
El pasado lunes, Moise ordenó por decreto la jubilación forzosa de los jueces Joseph Mécène Jean Louis, Yvickel Dabrésil y Wendelle Coq Thelot, por supuestamente tramar un golpe de Estado.
Dabrésil fue arrestado el pasado fin de semana y puesto en libertad este jueves, por orden judicial, mientras que Jean Louis, decano de la Corte de Casación, aceptó el pasado lunes el nombramiento de la oposición para asumir el cargo de ‘presidente interino’ del país, en un desafío a la autoridad de Moise.
Esta semana Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por la legalidad del decreto mediante el cual se ordenó la jubilación de los magistrados.
La disputa entre el Ejecutivo y los jueces, apoyados por la oposición, ha sumido a Haití en una grave crisis política.