Más de 80 rutas de Guatemala permanecen bloqueadas por manifestantes que exigen la renuncia inmediata de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana.
Los funcionarios judiciales están señalados por sus intentos de interferir en el proceso electoral ganado en agosto pasado por el académico de 65 años Bernardo Arévalo de León, del partido progresista Movimiento Semilla.
El socialdemócrata Arévalo, de 64 años, que dio la sorpresa al entrar en el balotaje, resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto con el 60,9% de los votos válidos, frente al 39% de la ex primera dama Sandra Torres, y deberá asumir la primera magistratura recién el 14 de enero.
El oficialismo y el pode judicial se lo hacen difícil.
El juez Fredy Orellana; y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, presentaron un amparo entre otras varias acciones legales con las que Arévalo busca proteger los resultados de las elecciones y frenar lo que considera un plan de “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
Los tres funcionarios judiciales han emprendido una cruzada contra los resultados de las elecciones generales, contra el partido Semilla de Arévalo.
El pedido popular de renuncia contra la fiscal general llega después de que la Fiscalía interviniera, de forma inédita, en el proceso electoral local, con el decomiso hace una semana de actas de votaciones, además de varios allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento Semilla.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), el máximo tribunal del país, también está en la mira de los funcionarios judiciales, después decidir en el sentido de garantizar la toma del poder del presidente electo.
En su resolución, la CC pidió “preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder”, en la fecha prevista del 14 de enero, tras las elecciones generales disputadas en primera y segunda ronda en junio y agosto pasados.
El paro
Las manifestaciones fueron convocadas e iniciadas el pasado lunes por la organización indígena 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste). Desde entonces, se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades, médicos y comerciantes.
Ayer, hasta la Iglesia del país centroamericano se plegó, y los obispos guatemaltecos pidieron la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, y la de sus colaboradores. En un comunicado, los prelados aseguran que la conducta de la fiscalúa “es contraria al bien común”.
“Hemos analizado los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha vivido en los últimos días: manifestaciones populares de descontento y frustración y de reclamos crecientes. La situación de paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común”, aseguran.
Las clases también fueron suspendidas ayer, porque de acuerdo al gobierno, no puede garantizar el arribo de los estudiantes a las escuelas.
Ahora, la Organización de Estados Americanos (OEA) nombró a dos representantes que llegarán al país con el propósito de iniciar mesas de diálogo con diversos sectores en respuesta a la coyuntura electoral.