En todo el mundo, las diferentes facilidades de encierro a migrantes están bajo escrutinio, por la frecuencia e intensidad con la que violan los derechos humanos de las personas que albergan.
El 27 de marzo, un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), un centro de retención de migrantes ubicado en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, dejó consecuencias irreparables: 39 personas muertas y una treintena con heridas graves.
Hoy, el diario inglés The Guardian reveló que un día antes, en el centro Colnbrook de remoción de inmigrantes, adyacente al aeropuerto londinense de Heathrow, se registró la muerte violenta del ciudadano colombiano Frank Ospina, de 39 años, detenido tras el rechazo de su solicitud de asilo.
Otros detenidos dijeron que Ospina se quitó la vida, dato que no fue confirmado por las autoridades. De acuerdo a The Guardian, esta semana, otro interno intentó suicidarse y hubo una protesta generalizada dentro del Centro, como la que desató el incendio en México.
La criminalización de la migración irregular y la consecuente detención de migrantes son el corolario de una política securitaria y restrictiva de las migraciones impuesta y aplicada por los países centrales, que suelen recibir migrantes y refugiados por razones políticas, sociales y económicas.
Lejos de desincentivar la migración, este tipo de medidas expone a las personas en movilidad a situaciones de mayor inseguridad, vulnerabilidad y a graves violaciones de sus derechos.
Deseosos de detener el flujo migratorio, el Norte global está al frente del despliegue medidas para promover el retorno a los países de origen de las personas que llegan a sus fronteras, usando a los centros de detenidos como verdaderos nodos de almacenamiento y cosificación de migrantes.
Mientras algunos centran la represión del flujo migrante con sus guardias costeras, como Italia, otros sofistican las estrategias.
El Reino Unido es uno de ellos. De acuerdo a la política de “basta de botes” del gobierno de Rishi Sunak, acordó con Emmanuel Macron que Francia sea sede de centros de detención, cuya construcción y mantenimiento serán financiados por Londres, para evitar que los migrantes naveguen el Canal de la Mancha hasta sus fronteras.
La política de retención y violación a los derechos humanos, por supuesto, también de aplica selectivamente, con la discriminación racial a la población no europea ni blanca como un elemento saliente.
Dinamarca, por caso, es uno de los países nórdicos muchas veces retratado por los medios como un ejemplo en políticas sociales y de derechos humanos. En marzo, el país aprobó una legislación especial que ofrecía permisos de residencia de dos años y derechos fundamentales a la población desplazada de Ucrania.
La legislación no otorgaba las mismas prestaciones a las personas no ucranianas que habían huido de Ucrania, ni a inmigrantes procedentes de otros destinos.
Salud mental bajo encierro
La detención de inmigrantes es similar a la “tortura”, dice Ian Rintoul, activista político y portavoz de Refugee Action Coalition en Sydney, Australia, uno de los países más cuestionados por su tratamiento a las personas migrantes.
“Los centros de detención se entienden comúnmente ahora, como se sabe, como las fábricas de enfermedades mentales”, dijo Rintoul, refiriéndose a la depresión y otras enfermedades que han desarrollado muchos solicitantes de asilo y refugiados en detención de inmigrantes australianos.
El Reino Unido, donde Frank Ospina se quitó la vida el 26 de marzo, tiene uno de los centros de detención más grandes de Europa y es el único país europeo sin un límite máximo de tiempo que una persona puede estar retenida.
Cuando se detiene a una persona, no se sabe cuánto tiempo estará allí. Canadá es otro de los países que, contrariando las normativas internacionales de derechos humanos, retiene a migrantes de forma indefinida.
Un estudio de la Cruz Roja Británica de 2018, encontró que una persona había estado detenida en el centro inglés de Kent durante dos años y siete meses, y que otra había sido detenida cuatro veces. Los efectos en los detenidos son muy variados, pero el impacto en la salud mental puede ser extremo.
De los 26 ex detenidos entrevistados para el informe de ese organismo, cuatro dijeron que habían considerado suicidarse y cinco dijeron que lo habían intentado varias veces. La incertidumbre sobre cuánto tiempo estarían retenidos y la cuestión de si finalmente tendrían que regresar al lugar del que huían era la mayor preocupación.
Maltrato, una característica fundamental
En Nauru, la pequeña isla del Pacífico donde Australia emplazó un centro de detención de migrantes, el abuso y el abandono de los detenidos está bien documentado, al punto que Amnistía Internacional describió al centro como “una prisión al aire libre”.
“El lugares muy rápidamente se volvieron extremadamente inseguros para las personas procesadas allí”, dice el informe del organismo, que además contó como uno de los factores de riesgo a las comunidades locales, “que tenían la percepción de que los refugiados que llegaban allí eran peligrosos”, y llevaron a cabo varios ataques contra el lugar.
En Grecia, otro ejemplo de cómo los centros de detención representan un peligro directo para los migrantes allí alojados: la Red de Monitoreo de la Violencia Fronteriza (BVMN) encontró que 33 de 50 ex detenidos (65%) encuestados habían experimentado o presenciado violencia por parte de las autoridades mientras estaban detenidos en Grecia.
Una cuarta parte de los relatos mencionaron el uso de armas, incluidas las Taser, por parte de las autoridades y el uso de la violencia como “castigo”.
Esto incluye a personas golpeadas o pateadas, a veces por varios agentes o después de haber sido colgadas de las manos. Los autores del informe dicen que esta evidencia “puede constituir tortura o trato inhumano y degradante”, lo cual está prohibido por la Convención Europea de Derechos Humanos.
En México, en el Centro de Ciudad Juárez que se incendió esta semana, tampoco se tuvieron en cuenta los estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes.
Quizás el lugar emblemático de los crímenes contra los derechos humanos de los migrantes sea Estados Unidos, el lugar de destino de las víctimas del siniestro de Juárez.
En los centros de detención del país del Norte, se reportaron una multitud de abusos repetidos, a manos de ICE, la agencia que tiene a cargo la represión de las migraciones ilegales.
En 2019, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó más de 8400 registros que describen la colocación de migrantes detenidos en confinamiento solitario en instalaciones operadas por ICE, la mitad, por más de 15 días consecutivos.
Además, en lugar de buscar la atención adecuada para los inmigrantes detenidos con enfermedades mentales o discapacidades en los centros, el personal de ICE suele recurrir a poner a estos detenidos en confinamiento solitario. Los detenidos migrantes LGBTQI+ también están desproporcionadamente sujetos a confinamiento solitario, que ICE aplica “como medida de protección”.
A pesar de años de conciencia sobre el problema de las agresiones sexuales en contextos de encierro forzado, el problema continúa sin cesar en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos. ICE y las empresas de seguridad privada que los administran no solo no han logrado mantener a los inmigrantes detenidos a salvo del abuso sexual, sino que, por lo general, son los perpetradores del daño.
De acuerdo a un informe del Centro de Víctimas de Tortura, innmigrantes cameruneses detenidos denunciaron abusos gráficos a manos del personal del centro de detención y de los agentes del ICE. La lista de abusos aberrantes incluyó estrangularlos, presionarles el cuello contra el piso, quebrarles los dedos, arrastrarlos por el suelo y amenazarlos de muerte .
Se usó violencia física similar con el mismo propósito contra los detenidos en el Centro Correccional de la Parroquia de Jackson y el Centro Correccional de Winn, ambos ubicados en el estado de Luisiana, dice el organismo.
El maltrato tuvo, como concluye el estudio, el objetivo de que las víctimas retiren sus solicitudes de asilo para entrar en Estados Unidos.
Niños y niñas migrantes
Entre los migrantes del mundo hay casi 34 millones de refugiados y solicitantes de asilo que han sido desplazados por la fuerza de sus propios países, la mitad de ellos niños. Muchos, terminan siendo alojados en lugares de detención.
De acuerdo a ACNUR, la detención de niños puede socavar su bienestar psicológico y físico y comprometen su desarrollo cognitivo. Además, los niños detenidos corren el riesgo de sufrir depresión y ansiedad, y con frecuencia exhiben síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, como insomnio, pesadillas y enuresis nocturna.
La detención tiene un impacto profundo y negativo en la salud de los niños independientemente de las condiciones en que se los mantengan.
El riesgo de exposición a otras formas de daño, incluyendo la violencia sexual y de género, también son importantes en muchos contextos de detención.
Además, hay no hay pruebas de que la detención de niños sirva para disuadir a los refugiados o solicitantes de asilo de desistir de emprender una migración irregular.
Los niños no acompañados o separados de sus padres o tutores corren un riesgo particular en los lugares de detención de inmigrantes. Son menores de edad y no pueden defender solos sus derechos humanos fundamentales.
Algunos países separan a los niños de sus familias, colocándolos en guarderías, algunos países no colocan a las familias con niños en detención en absoluto, mientras que algunos detienen a los menores junto con delincuentes adultos convictos.
En todos los casos, los niños son detenidos por la misma razón que los adultos: no tienen la documentación que les permita cruzar fronteras internacionales.
En Estados Unidos, por ejemplo, durante el gobiern de Trump, la política de detener niños migrantes y albergarlos en facilidades sin las condiciones necesarias, en ambientes de maltrato y constante vulneración de derechos, escandalizó al mundo.
En particular, en abril de 2018, el Departamento de Justicia anunció una nueva política de tolerancia cero , que ordenaba a las autoridades detener y enjuiciar penalmente a todos los adultos atrapados ingresando a los Estados Unidos sin autorización, en lugar de liberar a la mayoría de ellos para esperar una cita en la corte de inmigración.
Por ley, los menores no pueden ser retenidos junto a los tutores en espera de juicio, como resultado, los funcionarios separaron a más de 4300 niños de sus familias y los reclasificaron como no acompañados entre julio de 2017 y junio de 2018.
Organismos de derechos humanos denunciaron el hacinamiento de los centros de detención de inmigrantes, alegando abusos y vinculando las malas condiciones con las muertes de niños. Al menos siete niños murieron bajo custodia de ICE durante la presidencia de Trump.
No hubo cambios sustanciales desde que comenzó el gobierno de su sucesor, Joe Biden. En el año 2022, ICE deportó a 220 niños “no acompañados”, previo paso por alguno de estos centros.