Más de 2.000 hombres acusados de formar parte de pandillas en El Salvador fueron trasladados en las últimas horas a la flamante cárcel con capacidad para 40.000 detenidos, uno de los aspectos de las cuestionadas medidas contra el crimen organizado de la presidencia de Nayib Bukele.

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.

Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

A mediados de febrero, el Congreso de El Salvador aprobó extender por otros 30 días el régimen de excepción impuesto por el gobierno para combatir las pandillas, que se tradujo hasta ahora en el arresto de más de 64.000 presuntos miembros de estos grupos.

Organizaciones y organismos nacionales e internacionales critican el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y denuncian la captura de personas inocentes en virtud de la medida, que suspende algunas garantías constitucionales.

El régimen de excepción fue votado por 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral, controlado por el oficialismo.

“El país ya cambió, no vamos a dar un paso atrás, y es por los resultados exitosos que se están teniendo en la calle, en donde vamos a sacar a todos los pandilleros”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.

Las cifras oficiales indican que la “guerra contra las pandillas” ha permitido la detención de 64.111 presuntos pandilleros.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró a la prensa que del total de detenidos bajo el régimen de excepción fueron “liberadas” 3.745 personas a las que no se les comprobó ningún delito.

El régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.

La medida, extendida hasta el próximo 17 de marzo, es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar derechos de las personas.

El tema es minimizado por el gobierno que considera un “margen de error” o “daños colaterales”.

La diputada de la formación de centro Vamos, Claudia Ortiz, advirtió que la larga duración de este régimen de excepción podría derivar en un “estallido social” y que cada día que pasa “es un peligro” para los inocentes encarcelados.

La diputada del partido opositor de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, dijo que “el Estado debe resarcir los daños causados a esas personas inocentes” que fueron liberadas de prisión.

Human Rights Watch (HRW) sugirió a finales de 2022 al gobierno de Bukele “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo “con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”.

La respuesta del presidente fue un tajante “no”.

HRW denunció que los detenidos se enfrentan a hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia.

También informó que hasta agosto de 2022 se registraron 1,082 menores detenidos enviados a detención provisional y que 21 de estos tenían 12 o 13 años.

La megacárcel inaugurada en las afueras del poblado de Tecoluca recibirá 40.000 presuntos pandilleros y fue denominada “Centro de Confinamiento del Terrorismo”.

Según el gobierno, El Salvador registró en 2022 una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes, la más baja durante la administración de Bukele, que asumió en junio de 2019.

El presidente aseguró que durante su mandato se han registrado “300 días sin homicidios”.

El gobierno lo atribuye a la “efectividad” de su plan de seguridad “Control Territorial” y la puesta en marcha del régimen de excepción.

Bukele mantiene un amplio respaldo por parte de la población (superior al 80 por ciento) y se encamina a buscar la reelección en 2024.

Otra medida que suma a su popularidad, es el uso del bitcoin como moneda de curso legal, para lo que repartió 30 dólares entre la población para impulsar su uso.