Fiona causó graves destrozos este domingo en Puerto Rico, con torrenciales lluvias que dejaron sin electricidad a la isla.
El gobernador del territorio asociado a Estados Unidos, Pedro Pierluisi, alertó en rueda de prensa que la lluvia seguirá azotando la isla al menos por dos días más y pidió a la población permanecer en sus casas o en refugios. “Estamos pasando por un momento duro, pero nuestro pueblo es fuerte”, declaró el funcionario.
3,1 millones de habitantes sin energía eléctrica
Fiona provocó un apagón general en Puerto Rico, de 3,1 millones de habitantes. La red eléctrica apenas ha podido restablecerse para unos 100.000 usuarios, informó en Twitter la empresa encargada de la distribución de la electricidad.
Más de 800.000 personas, informan las autoridades, quedaron además sin servicio de agua potable.
“Estamos sin luz y sin agua”, contó a la AFP Elena Santiago, anestesista del hospital Menonita de Aibonito (centro). “El hospital está operando con generador. Se están atendiendo solo emergencias”.
Según medios locales, varios ríos se desbordaron en el sureste, inundando carreteras y zonas urbanas, y en el suroeste varias familias perdieron el techo de sus casas por las ráfagas de vientos y debieron cobijarse en refugios.
La nueva tragedia meteorológica llevó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a declarar el estado de emergencia para este territorio estadounidense, para liberar fondos federales para labores de ayuda.
Pero la situación desnudó un problema de fondo, que persiste sin solucionarse.
Ya con el paso huracán María, que causó casi 3.000 muertos en Puerto Rico en 2017, la isla quedó incomunicada y grandes áreas estuvieron sin electricidad durante meses.
En ese entonces, María dejó 3.000 muertos, según las cifras oficiales, aunque una estimación de la Universidad de Harvard eleva el número de muertos a más de 4.600.
Deuda y dependencia
A la situación se sumó la grave crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico desde hace ya más de una década y que llevó a que, en 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló declarara a la isla en quiebra con el fin de reestructurar una deuda de más de US$70.000 millones.
El gobernador tomó ese paso alrededor de un año después de la creación de la llamada Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, una entidad de control federal resultante de la Ley Promesa y aprobada por el Congreso en Washington.
La junta fue también objetivo de protestas, tras imponer desde Washington un ajuste que provocó desde despidos hasta cierres de escuelas.
Gran parte de los recortes fueron en infraestructura.
Incluso antes de los huracanes en 2017, la infraestructura energética de Puerto Rico estaba en malas condiciones.
Aún así, los precios promedio de la electricidad superaron los u$s 0.19/kWh, aproximadamente el doble de las tarifas de EE. UU.
Después de que el huracán María devastara la red eléctrica y contribuyera al segundo apagón más largo en la historia registrada, las autoridades centraron sus esfuerzos en el objetivo a corto plazo de restaurar la energía lo más rápido posible.
Sin embargo, no se pudo financiar la necesidad a largo plazo de desarrollar una red energética resistente y sostenible. La red actual es frágil, los apagones son frecuentes y los precios continúan aumentando.
Incluso los eventos eólicos modestos tienen el potencial de dejar inoperable la red de energía actual y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico carece de acceso al capital necesario para mejorar la condición, la capacidad y la resiliencia de la red, lo que hace que el apoyo federal sea imperativo, pero cada vez más escaso.
En 2021, la empresa estatal Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) fue reemplazada por la compañía privada LUMA, bajo fuertes críticas del sector energético y sus empleados.
La privatizaciones, la deuda y la falta de ayuda de Washington complican día a día un panorama ya triste para los portorriqueños, mientras continúa su estatus de territorio colonial, que les impide autodeterminarse para buscar soluciones propias.