De acuerdo a versiones recogidas por portales, el Gobierno nacional avanza en la redacción de un Decreto que tiene como objetivo otorgar más poder de acción a las Fuerzas Armadas para combatir amenazas internas como el narcotráfico y el terrorismo, especialmente en las zonas de frontera.
Esta medida, que aún está en proceso de definición, permitiría a los militares intervenir en situaciones que actualmente no están cubiertas por la legislación vigente, ampliando su rol en la seguridad interior del país.
La decisión de acelerar la medida fue atribuída al video en el que cuatro presuntos narcos amenazan con armas de guerra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Sobre este tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, aseguró que “lo que pasó fue gravísimo” y confirmó que, “indefectiblemente, el Gobierno va a tomar medidas al respecto”.
En términos normativos, el Gobierno, con la cartera que dirige Luis Petri al frente, podría modificar el Decreto 727, sancionado en 2006 y que limita el accionar militar a la lucha específicamente de agresiones de Estados extranjeros, excluyendo así a otros tipos de amenazas.
Desde que asumió el poder, la actual gestión de Javier Milei busca darle un rol más preponderante a las FFAA, por un lado, modernizando el equipamiento a través de, por ejemplo, la compra de nuevos aviones y vehículos de guerra y, por el otro, dándoles más margen de actuación.
En agosto de este año, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior significativa que proponía reformar el artículo 27 de esa norma, para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Losfundamentos esgrimidos entonces sindicaban al “terrorismo” como una amenaza crítica que merecería la participación militar.
El proyecto permitiría que, en aquellos casos en los que exista una investigación judicial caratulada como terrorismo (según el artículo 41 quinquies del Código Penal) y se reúna el Comité de Crisis previsto en la Ley de Seguridad Interior, este último puede solicitar al Ministerio de Defensa el despliegue de efectivos militares para cumplir funciones policiales: patrullar calles, custodiar edificios, detener personas, e intervenir usando la fuerza según los criterios policiales (en los que los militares no están formados).
El debate sobre la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas a la seguridad interior es de larga data en nuestro país, y se remonta a diferentes doctrinas de seguridad aplicada intermitentemente durante el siglo XX.Sin embargo, el Gobierno considera que la medida es necesaria ante la creciente amenaza del narcotráfico y la violencia asociada a estos grupos.