La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 95 empresas de servicios públicos por haber incluido en sus facturas tasas o cargos ajenos al contrato preexistente entre el proveedor y el consumidor.
Las compañías tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo.
Cumplido ese plazo, las entidades serán plausibles de ser sancionadas con multas que pueden alcanzar hasta $2130 millones.
Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma, tras recibirse 2705 reclamos.
Las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la Resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en los recibos conceptos indebidos, según precisó el Gobierno.
La autoridad de aplicación indicó que continuará con la instrucción de sumarios para los próximos vencimientos de noviembre y diciembre.
Al momento, se imputaron empresas del centro porteño y de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.