
Tal y como había anticipado el Gobierno en un comunicado, el Ejecutivo de Javier Milei habilitó a la Oficina Anticorrupción (OA) para que comience a investigar el tema.
Lo hizo a través del Decreto 114/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Con el documento creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción en la vinculación del mandatario con la difusión de la criptomoneda, luego de las denuncias recibidas en el Poder Judicial.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, será quien dicte las normas operativas y complementarias que “resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente decreto y brindará el apoyo técnico y administrativo” necesario para el cumplimiento de las funciones de la UTI.
El decreto lleva la firma del jefe de Estado y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Según el DNU, las funciones de la Unidad serán:
- Requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, en el marco de su objeto.
- Solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; de estados extranjeros y/u organismos internacionales a través del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
- Recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado “$LIBRA”.
- Convocar la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- Recopilar e integrar la información, datos y documentación a efectos de su remisión al órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente.
- Denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados.