En conferencia de prensa, el vocero presidencial confirmó que el ministerio de Economía avanza en el desmantelamiento de otros dos organismos públicos.
“De tener 964 empleados se va a transformar en una dirección de 60, suponiendo un ahorro de $9.000 millones para el Estado”, indicó.
Adorni informó que tras una revisión de datos por parte del Gobierno se detectaron irregularidades: “Además de eso tenía 160 delegaciones, cada 3 empleados había un delegado. Había 204 vehículos y 85% era para pagar sueldos, básicamente era una agencia de empleo político”.
El portavoz de la presidencia también denunció que “se transferían fondos discrecionales” y agregó: “No recibimos reclamos, así que no estaba cumpliendo con la esencia para la cual había sido creado”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena xe ocupa del diseño de políticas para los agricultores familiares, que no entran en la categoría de pequeños productores y no tienen escala si no se asume la producción colectiva.
Había sido creado, a finales de 2022, por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández.
Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.