Según advirtió, “aunque no existen datos oficiales, se estima que al menos 500.000 estudiantes no empezaron las clases en la educación obligatoria, lo que equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario. En este contexto, la falta de estadística oficial así como la ausencia de información sobre las medidas adoptadas es inaceptable”.
“Los dos años de pandemia acentuaron las desigualdades educativas que ya perjudicaban a las y los estudiantes más vulnerabilizados. La falta de acceso a la conectividad y a políticas de sostenimiento de las trayectorias escolares, implicó que miles de alumnas y alumnos interrumpan su vínculo con las escuelas”, señaló la ONG.
Los pedidos de acceso a la información pública al Poder Ejecutivo Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Salta buscan “conocer la cantidad de estudiantes que se desvincularon de las escuelas o se encuentran en riesgo de hacerlo, y las medidas tomadas por cada jurisdicción para garantizar su reinserción”.
Sin embargo, “ninguna de las jurisdicciones consultadas brindaron información concreta sobre la tasa de abandono escolar entre 2020 y 2021. Tampoco explicaron cómo se implementaron las medidas aprobadas en el marco del Consejo Federal de Educación ni cómo fueron utilizados los fondos nacionales que se otorgaron para el abordaje de la problemática durante 2020 y 2021”.
“Los estados son responsables de garantizar las condiciones para el acceso, la permanencia y el egreso de la educación obligatoria de las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación”, concluyó Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
La situación en CABA
Diputadas porteñas del Frente de Todos y dirigentes gremiales advirtieron que faltan vacantes en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para unos 50.000 niños y niñas, aunque desde el Ejecutivo local sostuvieron que cubren “el 100%” de la demanda.
Por otra parte, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, afirmaron que hay una “privatización indirecta” del sistema educativo porteño a través del pago de subsidios a escuelas privadas.
A través de una declaración presentada en la Legislatura, las diputadas Laura Velasco y María Bielli manifestaron su preocupación por la falta de “alrededor de 50.000 vacantes al inicio del ciclo lectivo 2022 en los establecimientos educativos de gestión estatal para la primera infancia, nivel inicial, primaria y medio”.
Asimismo, afirmaron que “verían con agrado que el Poder Ejecutivo (porteño) arbitre de forma urgente los medios necesarios para garantizar el derecho al acceso a la educación”.
Sin embargo, voceros del Ministerio de Educación de la Ciudad aseguraron a la agencia pública de noticias Télam que el organismo “extendió el plazo de inscripciones” porque “hay vacantes disponibles” y agregaron que “la Ciudad garantiza el 100% de las vacantes en edad obligatoria”.
La diputada Velasco, por su parte, afirmó en un comunicado que “la falta de vacantes” es “uno de los problemas que la Ciudad arrastra hace años” y que se “profundizó” con la pandemia.
“Año tras año -añadió- se incrementa la cantidad de niños, niñas y adolescentes que no consiguen un lugar por la falta de escuelas y los sucesivos ajustes de las administraciones PRO”.
“Primero con (Mauricio) Macri y luego con (Horacio) Rodríguez Larreta -siguió Velasco- la CABA perdió 12 puntos de su presupuesto educativo y, en los últimos tres años sub-ejecutó 1.600 millones de pesos sólo en infraestructura escolar”.
Además, dijo que la oposición en el distrito y la comunidad educativa no saben “a dónde fueron a parar esos fondos que hoy deberían estar garantizando el derechos la educación a esos más de 50.000 pibes y pibas que hoy se tuvieron que quedar en sus casas”, denunció la diputada porteña del FdT.
Eduardo López, secretario gremial de Ctera y secretario general adjunto de UTE, dijo a Télam que cuenta con la misma información que las legisladoras respecto a la falta de vacantes en la Capital Federal: “Son los que nos dan los trabajadores del Ministerio de Educación (porteño) que tienen que mantener el anonimato porque si no los echan”, afirmó.
Luego sostuvo que desde que el Gobierno porteño dispuso la inscripción escolar online, los gremios no reciben datos oficiales sobre las vacantes, mientras que “antes esa información era pública y transparente” porque podía obtenerse “preguntando a los supervisores de los distritos escolares” de la Ciudad.
El dirigente gremial también consideró que la falta de vacantes en el distrito se debe a “la reducción permanente y sistemática del presupuesto educativo en los últimos 14 años, e informó que mañana, en el marco de las negociaciones paritarias que se están realizando, UTE propondrá al Ministerio de Educación porteño que el Gobierno local “invierta en infraestructura escolar la misma cantidad de dinero que se invierte en pauta y propaganda, que son 45 mil millones de pesos anuales, mientras en infraestructura se invierten 15 mil millones”.
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo a Télam que “frente a la demanda de vacantes, el Gobierno de la Ciudad, en vez de construir infraestructura escolar, subvenciona económicamente al sector privado, generando una privatización indirecta del servicio público de educación”.
“En el nivel inicial -continuó- es más patente esta lógica. En el año 2021, el presupuesto de infraestructura escolar que se dio de baja era equivalente a los subsidios a escuelas privadas”.
Baldiviezo afirmó que, además, el Ejecutivo porteño “se desprende de inmuebles que deberían ser destinados a nuevas escuelas o expandir las existentes”, como es “es el caso del inmueble ubicado en la calle Pringles 340, que está siendo vendido cuando la comunidad solicita que se expanda el actual jardín que allí funciona”.
Por último, el presidente del Observatorio detalló que, actualmente, el Gobierno de la Ciudad “alquila 52 inmuebles para jardines y escuelas primarias, de un total de 138 inmuebles que alquila en toda la ciudad”, y consideró que el Ejecutivo local “debería frenar el plan sistemático de venta de tierras públicas que ya lleva privatizadas más de 500 hectáreas para destinar parte de esos suelos a fortalecer e incrementar la oferta de escuelas públicas”.