Política

DDHH o Negacionismo, la grieta más profunda entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio

Mientras se repatriaba al avión de los Vuelos de la Muerte y se planteaba la necesidad de una norma contra el negacionismo, el expresidente Mauricio Macri volvía a hablar de “el curro de los derechos humanos” para atacar uno de los ejes de gestión que llevó a la Argentina a ser reconocida a nivel internacional.

Cecilia De Vincenti es la hija de Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de la Plaza y víctima de los llamados Vuelos de la Muerte. Ella se sumó al pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien el lunes en un acto por la llegada del avión Skyvan PA-51, utilizado en esos traslados, habló de la necesidad de impulsar una norma contra quienes relativizan o niegan el Terrorismo de Estado o el genocidio.

“La verdad es que yo se lo dije a Cristina (Fernández de Kirchner) y a (Sergio) Massa, que estaban ahí que ganábamos por favor hiciéramos esta ley y Cristina bien explicó que mientras ellos fueron gobierno no hizo falta, porque estaban realmente las leyes por los Derechos Humanos muy presentes en toda la ejecución de su gobierno. Pero ahora, después del gobierno de (Mauricio) Macri, que negó, que puso en duda y que dice “el curro de los derechos humanos”, con esa falta de respeto, creo que hay que hacerla”, explicó Cecilia De Vincenti.

La hija de Azucena Villaflor cuestionó además el rol de muchos medios que “dicen lo que se les ocurre” y pidió que “de alguna manera sean sancionados”. “No podemos seguir permitiendo que nos falten el respeto, cuando ya es Estado nacional nos faltó el respeto con la desaparición, muerte y tortura de nuestros familiares”, añadió.

La exmandataria, Cristina Kirchner, dijo en ese marco que “a partir del 2015 comenzó una tarea con ingente apoyo mediático” para instalar la teoría del negacionismo y aseguró que cuentan con “el mismo apoyo mediático que tuvieron desde el ‘76 al ‘83 para hacer las cosas que hicieron”. La vicepresidenta aseguró que “sin la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación hubiera sido imposible que sucedieran las cosas que sucedieron en nuestro país. Pero bueno, empezó a instalarse la teoría del negacionismo”.

Minutos más tarde, Mauricio Macri, jefe político de Juntos por el Cambio, brindaba una conferencia en la universidad Ucema junto con el ex mandatario español José María Aznar. Allí, volvió a recurrir a la frase “el curro de los derechos humanos” y puso en duda los testimonios de víctimas del terrorismo de Estado.

El expresidente acusó al Gobierno de “utilizar la tragedia” ocurrida durante la última dictadura cívico militar “para justificarse por saquear el Estado de distintas maneras”, y habló de la existencia de “listados de gente que cobró subsidios que nadie puede verificar”.

Mauricio Macri no solo puso en duda la palabra de las víctimas de las violaciones de derechos por las que fueron juzgados y condenados decenas de ex represores, sino que también rozó el negacionismo sobre lo ocurrido en la Argentina durante la última dictadura militar. “No tienen ninguna autoridad moral. Han utilizado hasta la tragedia que vivimos en la Argentina. Ya califiqué el comportamiento de ellos como el curro de los derechos humanos”, afirmó el líder de JxC.

 

Diputada del FDT presenta nuevo proyecto para sancionar el negacionismo y apología de genocidios

La diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy) presentó un proyecto de ley para sancionar penalmente el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.

“La iniciativa incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa”, explicó Moisés, quien agregó que lo que se busca es “dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica”.

Moisés ingresó el proyecto en sintonía con los reclamos realizados por la vicepresidenta Cristina Fernández; el ministro de Economía y precandidato a Presidente de UxP, Sergio Massa y Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, en el acto del lunes último por la recuperación de uno de los aviones utilizados para los “vuelos de la muerte” en la dictadura.

La propuesta de Moisés innova al sumar contenido al capítulo “Atentados al orden constitucional y a la vida democrática” en el Libro X del Código Penal, que dispone sumar un tipo penal agravado dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, o integrantes de las FF.AA que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente por el terrorismo de Estado en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983.

Esta iniciativa se suma a un proyecto similar impulsado meses atrás por el diputado del Frente de Todos (FdT) por Córdoba, Eduardo Fernández, que busca incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo y apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, que también establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y genocidio.

“El negacionismo es la tergiversación deliberada de nuestro pasado rechazando las evidencias. Se trata de negar los planes sistemáticos de exterminio, la represión clandestina y la negación de justicia”, afirmó Moisés.

Sostuvo además que “la reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura argentina por parte de funcionarios del Estado, deben tener un tratamiento diferenciado respecto a la apología de otros crímenes de lesa humanidad, porque son un atentado directo contra el orden democrático de nuestra República y ponen el riesgo las instituciones constitucionales”.

Asimismo, la iniciativa dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La capacitación será obligatoria para las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.