El Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que, con “criterios de justicia y equidad distributiva”, incluirá la política de segmentación y no superará el nivel de los salarios, para lo cual convocará a una nueva audiencia pública a realizarse a fines de abril próximo.
Así, se contempla en el acuerdo que el Gobierno argentino cerró con el staff del Fondo Monetario y que en formato de proyecto de Ley remitirá al Congreso para aprobar los términos del refinanciamiento de la deuda por US$45.000 millones, cuyos anexos incluyen compromisos y textos técnicos que darán lugar a un nuevo programa de facilidades extendidas.
Tras alcanzar el entendimiento, la cartera económica informó que el acuerdo atiende la “gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía”, por lo que reafirmó que el Gobierno está “comprometido en procurar el logro de los objetivos económicos y fiscales más amplios”.
En ese marco de estrategia energética, la administración del presidente Alberto Fernández está determinada a “lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”.
De esta manera se dispondrán revisiones a los cuadros tarifarios vigentes que abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales, y cuyas actualizaciones a partir de nuevos parámetros serán motivo de una nueva audiencia pública que será convocada para fines de abril próximo.
La redefinición de estrategia en materia tarifaria de servicios energéticos se da en momentos en que desde el 1 de marzo entraron en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios -resultantes de las correspondientes audiencia públicas- de entre el 17% y el 20% promedio, porcentuales que serán incluidos para el cálculo de los incrementos totales a aplicar en el actual año calendario.
Tres niveles
La cartera económica precisó a comienzos de la tarde que la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles.
El primero de ellos, el de usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago.
El segundo de usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior.
Y para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior, índice que en 2021 fue de 53,4%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios que mantengan algún porcentaje de subsidio.
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI, con potencias mayores a 300 kW), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Las discusiones sobre los ajustes tarifarios insumieron gran parte del último tramo de las negociaciones con el FMI, debido al peso que tienen los subsidios energéticos en el déficit fiscal.
En el final de la administración macrista se retomó el congelamiento que -con ajustes menores- se inició tras al fin de la Convertibilidad hasta finales de 2015, y que fue continuado por el actual presidente Alberto Fernández, con una interrupción parcial en 2021, cuando se procedió a ajustes del 9% en la tarifa de electricidad.
La contracara de ese mantenimiento del esquema tarifario fue la elevación del gasto en subsidios a niveles que llegaron a superar el total del déficit primario.
Al respecto, los subsidios para el sector energético pasaron de $186.294 millones en 2018 a $1.046.300,5 millones en 2021, con un incremento en tres años del 461,6%, según datos aportados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Pero subsanar ese problema implica un aumento de tarifas que, según el porcentaje aplicado, podría incidir en forma negativa en el poder adquisitivo de la población, en especial los sectores socialmente más vulnerables, tal como ocurrió entre 2016 y 2018.
Ese aspecto fue atendido en las negociaciones con el FMI y finalmente se pudo acordar que, salvo los sectores de mayor capacidad económica, la mayoría de la población no tenga que pagar aumentos superiores a la variación salarial.