Tras ser acosado durante décadas por grupos de crimen organizado conocidos como “maras”, que controlaban el narcotráfico y sometían a la población al terror, El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 en una senda marcada por el retorno a la seguridad.
Su mayor arma fue lograrlo, además del aumento de fuerzas militares y de seguridad en las calles, fue la instalación de un régimen de excepción, promovido por su presidente, Nayib Bukele.
El régimen suspende garantías constitucionales y fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno de Nayib Bukele.
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
El Gobierno atribuye a este régimen de encarcelamiento masivo, que quita físicamente de las calles a las personas que considera sospechosas, gran parte de la disminución de la violencia tras registrar, en 2015, una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.
“Era una tarea imposible, porque había que ir tras ellos y estaban entremezclados con la población en todas partes y matando al azar. Intentamos descubrir qué hacer y dije estamos ante una misión imposible. Entonces oramos”, relató el presidente Bukele al periodista estadounidense Tucker Carlson, sobre cómo tomó la determinación de instaurar el estado de excepción.
Y reivindicó la decisión a la luz de sus resultados: “Somos más seguros que cualquier otro país del hemisferio occidental y, si yo hubiera dicho esto cinco años atrás, me hubieran dicho que estoy loco. Este era, literalmente, el país más peligroso del mundo”, señaló.
Los datos oficiales muestran una caída en picada en la tasa de homicidios, que pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015, a 2,4 el año pasado.
En 1994 El Salvador reportaba 134,78 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito.
En virtud de ese hecho, la medida goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Bukele para conseguir su reelección inmediata.
Hoy, el CECOT -el establecimiento carcelario visitado por Patricia Bullrich- tiene capacidad para 40.000 presos y alberga a unos 14.000 detenidos tras un traslado de 2.000 pandilleros a inicios de la segunda semana de junio.
Pero ¿se puede exportar?
Aunque países como Ecuador, Honduras y hasta Argentina lo consideran una opción viable, el “modelo Bukele” parece no haberse diseñado como una receta.
Convertido en sinónimo de instaurar una forma punitiva de abordar un problema social como la seguridad pública, fue pensado específicamente para una problemática prevalente en Centroamérica, el de las llamadas “maras”, una especie de criminalidad que es difícil de homologar con los problemas de seguridad de otros países de la región.
El mismo Nayib Bukele advirtió, haciendo referencia al caso de Argentina, que en países con situaciones menos extremas que la que vivía El Salvador, las medidas drásticas tomadas por su gobierno podrían ser inadecuadas y desproporcionadas.
“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, sino la colaboración que ellos necesiten en todos los temas de seguridad”, dijo el mandatario salvadoreño en una conferencia de prensa a minutos de obtener su reelección.
El presidente sostuvo que “como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también”.
Hoy, Bukele recibirá a la ministra de Seguridad argentina, y darán inicio al prometido camino de la colaboración.
Sin dudas, la experiencia salvadoreña demuestra que cuando la inseguridad afecta en forma extrema la vida cotidiana de la ciudadanía, el gobernante capaz de ofrecer un alivio tendrá el apoyo popular.
Sin embargo, muchos observadores señalan que a cambio, pueden verse afectadas las garantías individuales.
Las organizaciones humanitarias recibieron más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración, además de denunciar la muerte de más de 300 detenidos, la mayoría con señales de violencia.