Este 25 de septiembre, Cuba llevará a referéndum popular el proyecto de Código de las Familias, una ley que contiene derechos fundamentales largamente reclamados por la sociedad civil cubana.
Luego de que el Ministerio de Justicia de Cuba diera a conocer el texto del anteproyecto en 2021, se desarrollaron varias consultas populares entre febrero y abril de este año en toda la isla. En base a esas discusiones en organismos de base de la vida cubana, se llegó a la redacción de las más de 20 versiones del texto -la primera en hacerse pública fue la número 22 y la que llega a referéndum es la 25.
Más de 78.000 asambleas abiertas en distintos lugares de la isla fueron realizados hasta abril. En ellas, participaron unos 6,5 millones de ciudadanos.
Después, las recomendaciones de esas asambleas se remitieron a la Asamblea Nacional de Cuba, donde se fijó la fecha del plebiscito para el 25 de septiembre. La población cubana es de aproximadamente 11,3 millones de habitantes.
Ese día, los cubanos mayores de 16 años deberán marcar con una cruz en las palabras “sí” y “no” de la boleta electoral para responder a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?”.
Para que sea adoptado, deberá contar con el “sí” de la mayoría simple de los votos válidos, según informó la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Baiseiro.
De aprobarse, será el código que reemplazará al vigente desde 1975, y que pretende revolucionar el concepto de familia, con “el afecto” como piedra angular de la regulación jurídica de los vínculos familiares. Además, por primera vez, reconoce y amplía los derechos de los cubanos en respeto a su plan de vida individual.
El nuevo Código de las Familias, de acuerdo al portal oficial Cuba.CU, “intenta revolucionar el concepto de familia. Este código pretende ser un retrato de la sociedad cubana y de todas las comunidades que esta engloba, defendiendo los principios de igualdad y no discriminación en la isla”.
Entre algunos puntos salientes, el código introduce la posibilidad de reconocer varios padres y madres de un niño o niña, además de los padres biológicos y la “gestación solidaria” subrogada, siempre que no implique lucro. Este tipo de embarazo, en el que una mujer lleva en su vientre un bebé que genéticamente es de otra persona o pareja, no estaba permitida antes en la isla. Ahora, abrirá un camino a la conformación de nuevas familias no tradicionales.
También refuerza el valor económico del trabajo en el hogar y una mayor protección económica y patrimonial a quienes se han dedicado al trabajo doméstico y de cuidados.
Otra gran novedad es la definición del matrimonio como una unión “entre dos personas”, que abre la puerta al matrimonio igualitario.
Además, su aprobación supondría mayores garantías para preservar los derechos de mujeres víctimas de violencia de género, personas adultas mayores y con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.
El investigador y profesor cubano, Eberto García, dijo sobre la nueva norma: “El código es un ejercicio, primero de derecho. Lógicamente genera polémica en un contexto de alta complejidad como el que vivimos hoy en Cuba, complejidades económicas, políticas y sociales. Lógicamente un proyecto como el código, que está registrando y da la imagen más amplia posible de lo que realmente somos, de los modelos de vida que seguimos como familia y como personas, lógicamente tiene que generar tensión”, analizó.
El nuevo Código es considerado por la opinión especializada y gran parte de la sociedad civil cubana, como una legislación coherente con el principio de reconocer derechos a grupos históricamente desplazados o en situación de vulnerabilidad. Es un texto actualizado y en sintonía con los instrumentos más avanzados del derecho de familia en el plano internacional.
Algunos se resisten a los cambios, sobre todo grupos religiosos e iglesias que rechazan el matrimonio igualitario, la adopción por parte de personas gay o los vientres subrogados.
También ha generado polémica dentro de parte de la comunidad LGBT de la isla, que criticó que se someta a votación algo que considera como parte de los derechos humanos.
Según el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, el proceso de consulta popular para la redacción del texto llevó a la modificación del 47.55% de las disposiciones contenidas en la versión anterior.
Además, precisó que un grupo de temas que generaron opiniones regresivas a los derechos de las minorías por parte de la población no fueron cambiados, ya que de hacerlo vulnerarían principios del texto constitucional como la igualdad, la no discriminación, el respeto al valor supremo de la dignidad humana y otros.