El exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno fue secuestrado en Santiago de Chile.
Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía muestra el hecho: personas disfrazadas de policías llevan al opositor venezolano, semi vestido, por el pasillo que conduce a los ascensores. Fue la última vez que se vio a Ojeda Moreno desde el miércoles.
Hasta ahora, se desconoce de momento la autoría del rapto y sus posibles motivos, mientras opositores al gobierno de Nicolás Maduro apuntaron al gobierno venezolano, que en el pasado declaró al militar, que estuvo preso y escapó para refugiarse en Chile, como “traidor a la patria”.
La Fiscalía de Chile abrió una investigación sobre el caso, que permanece bajo secreto.
“Efectivamente, hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada en la comuna de Independencia”, declaró el subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve.
Carabineros y la Policía De Investigaciones (PDI) están a cargo de la búsqueda del exteniente. En tanto, la familia de Ojeda Moreno denunció secuestro ante el Ministerio Público.
Los sucesos transcurrieron en el medio de la madrugada en la calle El Molino, en la comuna santiagueña de Independencia, cuando a bordo de un automóvil llegaron cuatro personas que se habrían hecho pasar por funcionarios de migraciones, ataviados con ropa de la PDI.
Los hombres, equipados con cascos balísticos y chalecos antibalas, ingresaron al departamento de Ojeda Moreno y lo sacaron contra su voluntad. Luego de esto, el vehículo desapareció del lugar.
Allegados al exmilitar indicaron que los secuestradores podrían ser funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Nicolás Maduro, lo que significaría que estarían desarrollando operaciones de contrainteligencia en territorio chileno, en una violación a la soberanía trasandina.
Incluso, especulan que podrían haberse llevado a Ojeda Moreno en secreto a Venezuela. Varias fuentes periodísticas en Chile manejan otra hipótesis: podría tratarse de personas ligadas al crimen organizado, interesadas en información que el exmilitar podría poseer, debido al alto cargo que ocupó dentro de la estructura militar venezolana.
La respuesta chilena
El subsecretario del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, Manuel Monsalve, explicó en rueda de prensa que los contactos han sido tanto “a nivel diplomático”, a través del embajador chileno en Caracas, como “a nivel policial desde la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) con la policía venezolana”.
Pese a reconocer que por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida una operación de la contrainteligencia venezolana, Monsalve pidió cautela y aseguró que se han llegado a “conclusiones muy prematuras por parte de distintos actores”.
“Aquí hay muchas hipótesis. La hipótesis que importa es la que finalmente valide el Ministerio Público y el fiscal a cargo de la investigación”, subrayó el subsecretario tras participar en una reunión virtual con el presidente chileno y los ministros de Interior, Relaciones Exteriores y Justicia.
Ojeda Moreno, antes del secuestro
Las autoridades venezolanas arrestaron a Ojeda Moreno en abril de 2017 junto con otros tres militares por su presunta implicación en actos con “fines conspirativos y planificación de acciones terroristas”.
Los cuatro fueron imputados por los delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria.
Se adscribían al autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, que suscribió un documento en el que desconocen a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ojeda Moreno escapó en noviembre de 2017 durante un traslado y aseguró haber sido sometido a torturas durante su estancia en prisión.
El exmilitar alcanzó cierta notoriedad previa en Chile, cuando a fines de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de la Moneda en Santiago, condenó el diálogo entre el chavismo y sectores opositores y exigió la liberación de presos políticos.
El gobierno chileno le concedió asilo político en 2023 y más recientemente, ya en 2024, la administración Maduro lo volvió a nombrar “traidor a la patria” y lo acusó de participar en una supuesta conspiración conocida como el plan “Brazalete Blanco”. De acuerdo a la denuncia de Caracas, el plan consistió en atacar una base militar venezolana y asesinar al presidente.