La jueza porteña Elena Amanda Liberatori declaró este miércoles la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial que aplicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes” del distrito.
Así Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 14, dio lugar al amparo colectivo presentado a fines del 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) contra la administración que encabeza de Horacio Rodríguez Larreta.
La acción cuestionó la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), una tecnología que permitió el acceso a datos biométricos de casi 10 millones de personas, según constató la investigación judicial.
En su presentación, el Observatorio advirtió que las medidas de seguridad, implementadas a través de una empresa privada, “no fueron precedidas por un debate profundo acerca de la pertinencia y seguridad del sistema”.
También destacó que “se conculcaba el debido proceso, en virtud de que, a su criterio, cualquier persona sería ‘juzgada’ por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho”, por lo que requirió como medida cautelar que “se suspendiese la aplicación de las normas indicadas”.
Los espiados
A través del sistema de datos biométricos, que tiene más de 7 millones de personas cargadas, el gobierno de Rodríguez Larreta habría hecho seguimientos a opositores y aliados políticos, jueces y referentes de organismos de derechos humanos.
Entre los damnificados, figuran en la causa el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Kirchner; Elisa Carrio; el ministro Wado De Pedro; el co-secretario general de la CGT, Pablo Moyano; y el diputado del FIT Nicolás Del Caño.
Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, presidentas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, respectivamente, se encuentran entre las personalidades seguidas en varias ocasiones.
También habrían usado el sistema para seguir a aliados políticos del intendente porteño, como el gobernador jujeño Gerardo Molares y el vocal de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.