Según el último informe de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad, son 1.044 las viviendas que se construyeron en el sector YPF y 892 las familias que se mudaron hasta ahora.
Las familias denunciaron que “no tienen respuesta por parte del gobierno porteño” y que las pocas veces que lograron comunicarse, desde la Secretaría de Integración Social y Urbana, que dirige Diego Fernández, les dicen que “los arreglos estructurales de los departamentos corre por parte de los vecinos”.
Los edificios del sector YPF se alinean en cuatro manzanas de dos columnas. Al acercar la mano a las chapas que recubren las construcciones, el calor aumenta. Detrás de la chapa y del material aislante, la pared es de Durlock. “Como los tornillos están por afuera, son fáciles de sacar, y la pared es débil, se destruye enseguida. Así intentaron entrar a robar a una casa el otro día”, señaló Silvana Olivera, referente de la Mesa de Urbanización Participativa que conformaron los vecinos del barrio para monitorear el proceso de urbanización que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad.
Entre los principales problemas aparecía la infraestructura, con obras deficientes en el diseño y la ejecución de redes cloacales y de suministro de agua generando filtraciones e inundaciones en los techos y paredes, para algunos vecinos esto significó pérdidas materiales irreparables. Bloques enteros directamente sin suministro de agua. Las viviendas están revestidas con materiales descartables (durlock y chapa) que se deterioran con facilidad, las carpinterías (puertas y ventanas) no cierran correctamente, muchas de ellas mal amuradas que produjeron rajaduras en las losas, desprendimientos y accidentes fatales.
Las viviendas, que están “en garantía” por sólo un año, fueron entregadas hace seis meses. “El problema de la garantía, cuando aparecen conflictos como el de la cloaca que es producto de una obra mal planificada, es el desfasaje entre la entrega de la propiedad por parte de la empresa constructora y la mudanza de la familia a la casa”, señaló Luciana Antelo, arquitecta y docente de la carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y explicó que “como la garantía dura un año, muchos se mudaron sin la posibilidad de reclamar o con la garantía a punto de vencer”.
Los vecinos y vecinas de uno de los barrios más pobres de la ciudad pagan en su mayoría más de 7 mil pesos de cuota mensual por acceder a una de estas propiedades, donde denuncian que el gobierno de la Ciudad los trasladó “obligados y arbitrariamente”.