Hace unas semanas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dio por concluida la investigación de lo ocurrido en los dos días del festival de música electrónica realizado en el complejo Costa Salguero, e inició el trámite de consulta con las partes que intervienen en el expediente para elevar el caso a juicio oral y público.
En el expediente hay más de 10 procesados entre empresarios y funcionarios públicos, y se espera que algunas de las querellas se opongan a la elevación de la causa a juicio porque sostienen que es indispensable realizar una nueva contraprueba de los exámenes toxicológicos que indicaron que las muertes fueron por la ingesta de estupefacientes (ver video).
Las víctimas de la tragedia fueron Nicolás Becerra, Francisco Bertotti, Bruno Boni, Martín Bazano y Andrés Valdez.
Una pericia realizada por la superintendenta de la Policía Científica bonaerense indicó que las muertes ocurrieron por consumo de droga; mientras que los familiares de las víctimas aseguran que hubo irregularidades en los traslados de las muestras utilizadas para ese estudio y reclamaron una contraprueba que determine qué drogas habrían consumido y si las dosis eran tan altas como para ser mortales, añadieron las fuentes.
Entre los procesados se encuentran el presidente de la empresa Dell Producciones -organizadora del evento-, Adrián Conci; los empleados de esa firma Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y el denominado “rey de la noche”, Martín Gontad.
También fueron procesados cinco funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como partícipes necesarios del delito de comercio de estupefacientes, agravado, y coautores de los delitos de abandono de persona seguido de lesiones y muerte y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con los sucesos ocurridos en el evento realizado entre el 15 y 16 de abril de 2016.
Ese procesamiento alcanzó al gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Claudio Alberto Iacobaccio; al coordinador Fernán García Vázquez y a los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación había dejado firme el sobreseimiento al abogado Víctor Stinfale y su socio Walter Santángelo en la investigación y dio por probado que no estuvieron vinculados a la organización del evento.
Según la jueza Capuchetti, la empresa relacionada a Stinfale y su socio “sólo se había encargado de proveer la bebida energizante Speed y aguas Block”.
“La organización del evento de diversión ́ estuvo a cargo de la empresa Dell Producciones SA cuya cabeza era Adrian Conci, agregó el fallo.
En la investigación Stinfale estuvo detenido 70 días y quedó procesado por “homicidio culposo, lesiones culposas” y como supuesto “facilitador” del lugar donde se vendía la droga, pero luego esa decisión fue revocada.