El 14 de abril de 1987 el mayor de Inteligencia, Ernesto “Nabo” Barreiro, se negó a concurrir ante la Justicia Federal por cargos de torturas y asesinatos y, junto a otros 130 militares, se amotinaron en el Comando de Infantería de Córdoba.
Según cálculos de ese momento, junto a la de Barreiro, había unas 3.000 causas abiertas contra miembros del Ejército por crímenes durante la Dictadura cívico-militar.
El conflicto se generalizó dos días después, el 16 de abril, cuando el levantamiento carapintada se extendió a otros cuarteles del país. El teniente coronel Aldo Rico, a cargo de un regimiento en Misiones, pasó a liderar los reclamos de los militares desde la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
Como respuesta, una multitud salió a las calles. Los manifestantes coparon la Plaza de Mayo y la del Congreso, dispuestos a llegar hasta Campo de Mayo para impedir que se consumara la extorsión de los militares.
Tres días después, el domingo de Pascua, de nuevo en la Plaza de Mayo, una multitud escuchó cómo el presidente Alfonsín les pedía que esperaran: iba a ir personalmente a Campo de Mayo a “intimar la rendición de los sediciosos”. Unas horas más tarde salió al balcón del Cabildo. Las palabras presidenciales fueron: “Felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden”.
La primera consecuencia del levantamiento fue la ley 23.521, de Obediencia Debida, promulgada 46 días después de la Semana Santa y que estableció diferentes niveles de responsabilidad penal en la represión ilegal, según si fueran jefes que habían impartido órdenes o subalternos que las hubieran cumplido por disciplina militar. Esto implicaba una exculpación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura por oficiales de rango medio y bajo, acotando el universo punible a los mandos superiores, con la única excepción del robo de bebés de desaparecidos.
Los alzamientos carapintadas no acabaron en la Semana Santa de 1987 sino que se prolongaron hasta 1990, cuando una represión a los alzados terminó con la actividad de seis décadas del denominado “Partido Militar”.
Sobre este tema, Televisión Pública Argentina hizo un racconto sobre qué pasó después con algunos de los golpistas: los militares Aldo Rico, Mohamed Alí Seineldín y Luis Fernando Estrella .
En una entrevista con la Televisión Pública Argentina, el exministro de Defensa Horacio Jaunarena contó cómo fueron los hechos que terminaron en el alzamiento carapintada. “Rico pretendía que hiciéramos concesiones que no estábamos dispuestos a hacer: la amnistía, que nombráramos a un jefe de Estado Mayor de una lista que él nos daba, quería que censuráramos a los medios de comunicación para que no hablaran de la represión y más presupuesto para las FF.AA”, explicó.
Como lo hizo en su momento después de los hechos, en el estudio Jaunarena aseguró que el dictado de la Ley de Obediencia Debida no respondió a una negociación con los insurrectos sino a la mera aplicación del criterio de “distintos niveles de responsabilidad” que Alfonsín había enunciado durante la campaña.
Sobre la magnitud de lo sucedido, exfuncionario radical dijo que Semana Santa fue un punto de inflexión en la Historia Argentina: “En el levantamiento la gente salió a la calle para sostener la Democracia, eso no había pasado en ninguno de los golpes militares anteriores que habían contado con la complicidad o la indiferencia de parte de la población civil”.