La derrota en la guerra de Malvinas, en 1982, significó también la de la dictadura cívico, militar, judicial, eclesiástica y empresarial, que imperaba en la Argentina desde 1976; y el comienzo de la cuenta regresiva para el retorno de la democracia.
El descontento social y el reclamo de la restauración democrática era creciente. La fallida incursión bélica sólo los había pausado.
Primero, el 30 de marzo de 1982, horas antes del desembarco, y después, el mismo día de la rendición en Puerto Argentino, el 14 de junio siguiente, la Plaza de Mayo fue el escenario principal en el que se cantó, otra vez, “se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar”.
Apenas 17 días después del fin de los combates en el sur, asumió el poder Reynaldo Bignone. Pero el gobierno de facto ya estaba herido de muerte.
La gestión de Bignone comenzó a mostrar signos de apertura con la legalización de los partidos políticos y, por ejemplo, la restauración de algunos derechos, como el de huelga.
En simultáneo, comenzaba a develarse el horror del Terrorismo de Estado, con exhumaciones de cadáveres en fosas NN y el testimonio de sobrevivientes de los centros clandestinos.
Los organismos de derechos humanos ya hablaban de 30.000 desaparecidos, elaboraban informes de los centros clandestinos que funcionaron hasta entonces. También revelaron las investigaciones sobre niños y niñas nacidos en cautiverio y luego apropiados, estimaban que eran más de 400.
La crisis económica agudizada desde el fracaso del plan liberal de José Martínez de Hoz persistía, con una inflación altísima, salarios devaluados y un Banco Central que asumió -por iniciativa de Domingo Cavallo- la deuda de los grupos económicos privados.
Los números que dejarían los siete años de dictadura serían elocuentes: inflación anual del 500 por ciento y un acumulado del 517.000%.
La deuda externa había crecido el 449 por ciento y la pobreza del 4,4 por ciento que había en 1975 al 37,4 en 1983.
Las movilizaciones sociales, gremiales y políticas se sucedían y crecían en todo el país.
La dictadura lanzó un Plan de Concertación de 15 puntos para buscar un acuerdo con los partidos y marcar una agenda de transición.
Entre los temas se incluían pautas sobre la vigencia del estado de sitio, mecánica electoral, lucha contra el terrorismo, desaparecidos, la investigación de los delitos económicos, estabilidad del Poder Judicial, el plan económico, deuda externa y la fijación del presupuesto de 1984.
También se buscaba un acuerdo sobre la represa de Yacyretá, sindicatos, obras sociales, Malvinas, el conflicto del canal del Beagle y la presencia de las Fuerzas Armadas en el futuro gobierno.
El acuerdo fue rechazado por la Multipartidaria -un espacio de acción política integrada por el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Intransigente (PI), el Movimiento de Integracdión y Desarrollo (MID) y la Democracia Cristiana (DC), que eran las principales agrupaciones políticas-, que convocó para el jueves 16 de diciembre a una “Marcha por la Democracia”.
Además, al mismo tiempo, se desarrollaba un plan de lucha de la CGT Brasil y crecía la movilización de las juventudes políticas y los movimientos estudiantiles.
La marcha trascurrió de forma pacífica hasta la desconcentración, bien entrada la tarde, cuando efectivos policiales ingresaron a la Plaza para dispersar a pequeños grupos.
En medio de esa situación, unos manifestantes tiraron una valla sobre la puerta de la Casa Rosada. Después, estalló una represión que dejó 80 heridos.
Dalmiro Flores, un obrero metalúrgico de 28 años, nacido en Salta y afiliado a la UOM, fue asesinado en la esquina del Cabildo por civiles que bajaron de un Ford Falcon verde.
Nunca pudo saberse el nombre del autor del crimen, que quedó impune como tantos otros hechos de violencia de la dictadura.
El 28 de febrero de 1983, Bignone anunció la convocatoria a elecciones, sin fijar la fecha, que se conocería recién en julio.
Dos meses después, la Junta Militar difundió en cadena nacional el Documento Final sobre la subversión y la lucha contra el terrorismo en el que reconoció las acciones desplegadas hasta entonces y declaró muertos a los desaparecidos.
Las Fuerzas Armadas justificaban el accionar y hablaban de una “guerra” en la que habían cometido algunos “errores y excesos”, lo que generó el rechazo de todos los organismos de derechos humanos.
En un último intento de condicionar la transición a la democracia, la dictadura promulgó en septiembre de 1983 una Ley de Autoamnistía que fue rechazada por todo el espectro político y luego derogada por las autoridades constitucionales.
Los partidos políticos iniciaron la campaña y los candidatos surgieron de internas: Raúl Alfonsín, sería el candidato de la Unión Cívica Radical; Ítalo Argentino Luder, del Partido Justicialista; Oscar Alende, del Partido Intrasigente y Rogelio Frigerio, por el Movimiento de Integración y Desarrollo, eran los cuatro candidatos más importantes.
El 30 de octubre, Alfonsín se impuso con el 52% de los votos y se convirtió en el primer presidente que inauguró un ciclo de continuidad democrática que lleva casi 40 años.