La selva del Darién, un infierno para las mujeres migrantes

Human Rights Watch contabilizó en lo que va del año cientos de casos de violencia sexual y de género en el Tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá por la que cada vez cruzan más personas hacia Estados Unidos y “una de las rutas migratorias más peligrosas” del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las mujeres, niñas y adolescentes que migran “viven un infierno”, dice la ONG, al enfrentarse al riesgo constante de ser víctimas de violencia sexual durante todo el cruce entre ambos países, no solo por parte de criminales sino también de agentes del Estado. Nunca están seguras.

Médicos Sin Fronteras atendió a 1.236 personas que sufrieron violencia sexual mientras cruzaban el Darién entre abril de 2021 y diciembre de 2023. Mientras que en enero de 2024 registró otros 120 casos. Sin embargo, la organización asegura que el número total de víctimas es mayor.

“Víctimas, trabajadores humanitarios y autoridades panameñas dijeron a Human Rights Watch que, en la mayoría de los casos de violencia sexual, hombres armados emboscaron a grupos de migrantes y solicitantes de asilo, los separaron por sexo y obligaron a las mujeres a quitarse la ropa. Las mujeres dijeron que los hombres las agredieron sexualmente, a menudo con el pretexto de buscar dinero escondido. En numerosos casos las violaron”, describe el organismo en su reciente informe Abandonados en la selva.

Además, las mujeres embarazadas que cruzan la selva y que sufren hemorragias o abortos espontáneos deben esperar varios días para ser atendidas por médicos; otras paren en unas condiciones insalubres y muchas veces sin el acompañamiento de personal especializado.

Una ruta peligrosa

Aunque dentro de la selva existen mayores riesgos de sufrir violencia sexual, las mujeres, que provienen de más de 70 países, también están expuestas a abusos en las ciudades de salida, en Colombia y en los campamentos en los que se refugian por varios días al llegar a las primeras comunidades panameñas.
Del lado colombiano, las migrantes llegan hasta el municipio de Acandí, a orillas del mar Caribe, para intentar cruzar hasta Panamá y muchas tienen que pasar la noche en la playa o en refugios que no son del Estado ni de las organizaciones humanitarias. En esos sitios informales, las mujeres son explotadas sexualmente a cambio de un espacio para dormir.

Las mujeres y las niñas que duermen en las playas también están expuestas a agresiones sexuales, explotación y violencia, según reportan trabajadores humanotarios. “Se siente inseguro como mujer dormir en medio de todas esas carpas en la playa”, dijo una venezolana a Human Rights Watch. “Oyes ruidos por la noche y lo único que puedes hacer es rogar que nadie entre (en tu carpa). Pero el miedo no se acaba, luego tienes que cruzar la selva”, agregó.

Dentro de la selva del Darién puede pasar de todo, especialmente a las mujeres y a las niñas. Debido a esos altísimos riesgos, los miembros de la Cooperativa de Asistencia y Socorro en Todas Partes (CARE), una organización humanitaria, imparten talleres junto a la playa de Necoclí, en Colombia, para explicar a mujeres y niñas cómo protegerse en caso de agresión sexual.
CARE les entrega kits de prevención de la violencia sexual con, entre otros artículos, un embudo de plástico para orinar, un cambiador impermeable para cubrirse y así evitar exponer sus cuerpos durante el viaje, ropa interior menstrual, píldoras anticonceptivas de emergencia y un silbato para alertar a los demás en caso de emergencia o agresión.

Impunidad ante los delitos sexuales

Ya del lado panameño las cosas no son diferentes. En poblados como Lajas Blancas o San Vicente se ubican estaciones de recepción migratoria (ERM) para albergar a cientos de migrantes, donde el desorden y la falta de seguridad en las habitaciones y baños hace que las mujeres se sientan más inseguras y las expone al acoso y al abuso sexual por parte de pobladores, viajeros y funcionarios estatales.

Varios casos de violencia en estos refugios llegaron hasta los oídos de un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas, quienes en diciembre de 2022 enviaron una carta al gobierno panameño expresando su preocupación por “las alegaciones” sobre violencia sexual hacia las personas migrantes alojadas en las estaciones.

Estas conductas incluían explotación sexual por parte del personal del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras, quienes supuestamente pedían a mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de un cupo en un autobús con destino a Costa Rica o a cambio de cargar sus teléfonos.

También se han reportado casos de acoso sexual hacia mujeres y adolescentes que viajan solas. Una mujer, por ejemplo, relató a HWR que tras pedirle a un agente del Servicio Nacional de Fronteras que le ayude a recargar la batería de su teléfono móvil él volvió cerca de las 23:00 para decirle que debían sentarse a conversar. Ella se negó, pero mientras estuvo en un campamento vio cómo otra joven fue acosada y que uno de esos policías durmió en su habitación una noche.

El principal problema, dice un trabajador humanitario, es que los autores de los abusos y violaciones “están seguros de que no sufrirán consecuencias” por esos crímenes.

Y es que las mujeres enfrentan múltiples barreras para denunciar estos delitos, empezando porque los fiscales que actúan en las comunidades indígenas son hombres. Además, muchas de ellas están menos familiarizadas con los procedimientos de denuncia y se enfrentan a barreras culturales y lingüísticas para denunciar los abusos. La Procuraduría de Panamá solo reporta 285 casos.

Obtener evidencia forense también es un problema. El médico encargado de realizar exámenes médicos y documentar los efectos físicos y psicológicos de las agresiones sexuales más cercano se encuentra en La Palma, a unas dos horas en carro de Metetí y a varias horas más de comunidades como Lajas Blancas.

“Los esfuerzos de las autoridades para identificar los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo son insuficientes, lo que conduce a altos niveles de falta de denuncias”, dice la organización. Las víctimas que sí consiguen denunciar no se quedan en Panamá para seguir un proceso penal, lo que sumado a la falta de investigaciones céleres y exhaustivas provoca que el delito sea solo parte de una preocupante estadística.